Redacción Andrea García
El INE solicitó la intervención de la fiscalía general de la República para investigar posibles irregularidades en sus procesos de contratación durante distintas administraciones. La petición también contempla proteger documentación relacionada con las operaciones bajo revisión, en medio de los señalamientos que involucran a las gestiones de Guadalupe Taddei y Lorenzo Córdova.
Ante los señalamientos por posibles anomalías en la asignación de contratos, integrantes del organismo solicitaron la intervención de la FGR para que se investiguen las operaciones y se determine si hubo conductas contrarias a la ley. La petición busca que las autoridades examinen los antecedentes de las contrataciones y no limiten sus indagatorias a los acontecimientos más recientes, sino que también consideren decisiones tomadas durante gestiones anteriores.
El caso ha generado atención debido a que las revisiones abarcan tanto la administración encabezada por Guadalupe Taddei como el periodo en el que Lorenzo Córdova estuvo al frente del instituto. La intención es conocer cómo se desarrollaron distintos procesos de adquisición y contratación, así como identificar si existieron prácticas que pudieran representar un uso indebido de los recursos públicos.
Para ello, se plantea examinar las relaciones entre funcionarios y empresas proveedoras, además de analizar las condiciones en las que se autorizaron diversos servicios y operaciones institucionales. Otro aspecto relevante de la solicitud está relacionado con la protección de los documentos que podrían servir como evidencia.
El INE pidió que se tomen medidas para conservar los expedientes y registros administrativos vinculados con las contrataciones, de manera que permanezcan disponibles durante el desarrollo de las investigaciones. La documentación física y digital resulta fundamental para reconstruir las operaciones, identificar a los responsables de cada procedimiento y verificar si las decisiones se realizaron conforme a las disposiciones correspondientes.
El resguardo también pretende evitar que se pierdan elementos que posteriormente puedan ser requeridos por las autoridades. Dentro de los procesos que podrían ser examinados destacan aquellos relacionados con la adquisición de materiales electorales, la prestación de servicios de capacitación y la elaboración de credenciales para votar. Se trata de actividades indispensables para el funcionamiento del organismo, que requieren la participación de proveedores y la administración de recursos públicos.
Por esta razón, las revisiones buscarán establecer si las contrataciones se efectuaron bajo condiciones adecuadas, si existieron posibles beneficios para determinadas empresas o si se presentaron acuerdos que pudieran afectar la transparencia y competencia de los procedimientos.
En el ámbito legal, las investigaciones contemplan posibles conductas que podrían estar relacionadas con el ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, entre otras figuras. No obstante, estos señalamientos forman parte de las líneas que deberán analizarse y no representan una determinación de culpabilidad.
La FGR tendrá que valorar los elementos disponibles, revisar los documentos y realizar las diligencias necesarias para establecer si existen pruebas que permitan acreditar alguna conducta delictiva. También será necesario determinar si las posibles responsabilidades corresponden a servidores públicos, particulares o a ambos.
De manera paralela, el Consejo General del INE impulsó una revisión de mayor alcance sobre sus procedimientos administrativos. Para ello, solicitó la participación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el propósito de que examine las adquisiciones, los arrendamientos y los servicios contratados entre 2016 y 2026. Esta fiscalización permitirá revisar el manejo de los recursos y las condiciones bajo las cuales se realizaron diferentes operaciones.
La intervención de la ASF tiene un carácter distinto al de la FGR, ya que la primera se encarga de la fiscalización del gasto público, mientras que la segunda investiga posibles hechos delictivos. La revisión de los contratos también vuelve a colocar en discusión los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas dentro de las instituciones electorales.
El desarrollo de estas indagatorias permitirá conocer si los procedimientos administrativos se ajustaron a las normas y si hubo responsabilidades en la autorización, supervisión o ejecución de las operaciones. Mientras las autoridades reúnen y analizan la información, los señalamientos deberán mantenerse en el terreno de las presuntas irregularidades, sin atribuir responsabilidades anticipadamente.
Los resultados de las investigaciones serán determinantes para establecer el alcance de los hechos y conocer si existen consecuencias administrativas o penales para las personas involucradas.
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