Constitucionalidad en juego: El PT impulsa juicio político a ministros de la SCJN ¿Cuál es el trasfondo?
Redactor: Sam Torne
El Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados presentó una solicitud de juicio político contra ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alegando «rebeldía y desacato» por su oposición a la reciente reforma judicial. Los ministros señalados, entre ellos la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, han cuestionado la constitucionalidad de los cambios impulsados por el Congreso en el sistema judicial, sosteniendo que afectan la independencia judicial. Según el PT, estas acciones constituyen una «violación a la supremacía constitucional», un acto que, argumentan, amerita sanción.
Los legisladores Ricardo Mejía Berdeja y Lilia Aguilar Gil han sostenido que el juicio político responde a un reclamo popular de llevar a juicio a quienes, según ellos, «actúan en contra de la voluntad del pueblo». Para el PT, la postura de los ministros en contra de la reforma representa un obstáculo a los esfuerzos de la Cuarta Transformación para reformar el sistema judicial y alinearlo con su visión de justicia social y representativa.
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Los fundamentos de la solicitud
En su solicitud, el PT menciona los artículos 108, 109, 110 y 114 de la Constitución, los cuales establecen el procedimiento de juicio político y las condiciones para iniciarlo. De acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el juicio político puede aplicarse a funcionarios que, mediante actos u omisiones, perjudiquen intereses públicos o violen la ley. Los diputados argumentan que los ministros han mostrado “deslealtad” e «ineficiencia» en el cumplimiento de sus deberes, acusándolos de obstaculizar la transformación del sistema judicial en un esfuerzo por proteger intereses particulares y alejarse de los principios de «legalidad y constitucionalidad».
Reacciones y consecuencias políticas
La solicitud de juicio político ha generado un intenso debate en el entorno político y jurídico de México. Mientras que algunos legisladores y especialistas en derecho defienden la independencia judicial y ven el juicio político como un intento de ejercer presión sobre la SCJN, otros simpatizan con la postura del PT y ven la reforma como una oportunidad para democratizar la justicia en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, había solicitado moderación en este tema, advirtiendo que la solicitud podría interpretarse como una maniobra autoritaria. Sin embargo, el PT sostiene que su propuesta es legítima y que el «Plan C» –la estrategia de la actual administración para impulsar reformas constitucionales– debe seguir adelante sin interferencias del Poder Judicial.
Este conflicto representa una tensión creciente entre el Poder Legislativo y el Judicial en México, un tema que seguirá captando la atención pública debido a sus posibles implicaciones sobre la independencia judicial y la estructura del sistema de justicia en el país.
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