Supremacía constitucional aprobada en México: 17 estados aprueban la aprueban
Redactor: Sam Torne
En un giro relevante para el sistema jurídico de México, la llamada «reforma de supremacía constitucional» ha sido aprobada en 17 congresos estatales, después de ser propuesta y aprobada por la Cámara de Diputados; la iniciativa, impulsada principalmente por el grupo parlamentario de Morena, tiene como objetivo consolidar la supremacía de la Constitución. Entre los cambios centrales, modifica los artículos 105 y 107, estableciendo que las reformas constitucionales no podrán ser impugnadas mediante amparos o controversias constitucionales, esto significa que las reformas a la Constitución estarán protegidas frente a cualquier intento de revertirlas en los tribunales, incluidas aquellas vinculadas con la transformación del Poder Judicial.
Uno de los puntos cruciales de esta reforma es el blindaje de las modificaciones constitucionales promovidas bajo el gobierno actual, conocido como la Cuarta Transformación, la adición de un nuevo párrafo al artículo 105 y las modificaciones al artículo 107 han generado opiniones divididas; la reforma tiene carácter retroactivo, asegurando que no se puedan invalidar cambios previos realizados en el Poder Judicial, medida que está en sintonía con el plan de Morena para mantener la estabilidad jurídica de sus reformas.
A su vez, el respaldo de 17 congresos estatales, cumple con el requisito constitucional de mayoría para reformas constitucionales, esto permite que la iniciativa avance hacia su promulgación, aunque aún debe recibir la aprobación del Senado.
Entre ellos se encuentra:
- Puebla
- Nayarit
- Sonora
- Oaxaca
- Hidalgo
- Morelos
- Chiapas
- Tabasco
- Guerrero
- Veracruz
- Zacatecas
- Campeche
- Tamaulipas
- Quintana Roo
- Baja California
- San Luis Potosí
- Ciudad de México
El debate en la Cámara de Diputados sobre esta reforma fue extenso y polémico, durante las diez horas de discusión, los legisladores de oposición manifestaron su preocupación, señalando que esta iniciativa representa una amenaza para el equilibrio de poderes y la posibilidad de impugnar decisiones que podrían atentar contra los derechos humanos y la democracia. Las bancadas opositoras, mediante pancartas y simbología, señalaron que esta reforma representa la «muerte» de la Constitución en cuanto a protección de derechos.
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