Redacción Daniel Lee México mantiene una deuda histórica con su diáspora. Millones de mexicanos en el extranjero sostienen la economía nacional mediante remesas, financian infraestructura comunitaria, organizan proyectos sociales y participan en procesos políticos, pero siguen excluidos de las decisiones estructurales sobre el desarrollo de sus comunidades de origen. Hoy existe una oportunidad concreta para corregir esa contradicción: institucionalizar un modelo de presupuesto participativo migrante, una política pública que convertiría el poder económico y social de la migración en democracia directa y desarrollo territorial. Las organizaciones migrantes mexicanas —particularmente los clubes de oriundos, federaciones comunitarias y redes transnacionales— han demostrado durante décadas una capacidad organizativa que el propio Estado no ha logrado replicar en muchas regiones del país. Desde Estados Unidos, estas estructuras han financiado obras públicas, promovido proyectos productivos, fortalecido redes sociales y sostenido comunidades enteras frente al abandono institucional. Sin embargo, su participación sigue limitada a esquemas consultivos o de coinversión condicionada. El reto ya no es reconocer su aportación, sino transformar su papel: pasar de benefactores informales a actores institucionales del desarrollo público. México ya cuenta con bases institucionales que permiten avanzar hacia este modelo. El Programa 3×1 para Migrantes demostró durante años que la coinversión entre migrantes y Estado puede generar infraestructura social en comunidades expulsoras. Bajo este esquema, los migrantes aportaban recursos para proyectos comunitarios que eran multiplicados por los distintos niveles de gobierno. El modelo evidenció algo fundamental: la diáspora…
