El gobierno estadounidense analiza ajustes técnicos en los impuestos al acero. La medida busca equilibrar el mercado interno frente a las importaciones globales.
Redacción: Michelle Velázquez Belmont
La incertidumbre comercial y las crecientes tensiones dentro del bloque de América del Norte, han hecho que el gobierno de Estados Unidos, a través de su Representante Comercial (USTR), Jamieson Greer, ha comenzado a evaluar modificaciones significativas en la implementación de los aranceles aplicados al acero y al aluminio.
Aunque los gravámenes del 50% impuestos bajo la administración de Donald Trump se mantienen como el eje central de su política proteccionista, el reconocimiento de “dificultades administrativas” y la presión de diversos sectores industriales han obligado a Washington a reconsiderar la operatividad de estas medidas.
Artículos de consumo masivo como refrigeradores y lavadoras han quedado atrapados en una normativa que exige calcular el impuesto basándose en el valor del contenido de acero incorporado en cada unidad gracias a esta metodología se ha generado lo que muchos expertos y empresarios califican como una “pesadilla contable”, entorpeciendo las cadenas de suministro y aumentando los costos operativos de las empresas que dependen de estas importaciones para su manufactura.
El titular del USTR Jamieson Greer ha sido enfático al señalar que, ya se consideran ajustes en la ejecución para reducir la carga burocrática pero aún no se vislumbra un cambio de fondo en la estrategia arancelaria ya que, para la administración estadounidense, estos gravámenes han sido un “éxito” al incentivar la producción nacional y frenar el exceso de capacidad global, impulsado principalmente por China.
Para México, esta situación es particularmente delicada ya que sabemos que el país sigue sujeto a un arancel del 25% bajo la Sección 232, una medida que ha provocado una caída notable en las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, contemplando el escenario, la figura de Marcelo Ebrard, Secretario de Economía de México, ha cobrado relevancia al liderar las gestiones para que el país sea excluido de estas medidas o, al menos, se logre una flexibilización que permita mantener la competitividad regional.
México argumenta que el actual esquema es “disfuncional” y excesivamente costoso, lo que contraviene el espíritu de integración del T-MEC proponiendo una revisión de estos ajustes aunque ocurre en un momento político sensible para la Casa Blanca ya que con las elecciones intermedias de noviembre de 2026 en el horizonte y niveles de aprobación que se ven afectados por el alto costo de vida, la administración del presidente Trump se enfrenta al dilema de proteger a su industria pesada sin castigar excesivamente el bolsillo de los consumidores finales.
Los importadores estadounidenses no han permanecido pasivos por lo que muchos han comenzado a impugnar legalmente la forma en que las autoridades aduaneras determinan el contenido de los materiales, y se espera que para finales de febrero se emitan opiniones judiciales que podrían acelerar los cambios regulatorios.
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