Redacción: Diego Martínez
México enfrenta la urgencia de implementar una Política Nacional Tarifaria que sustituya las “tarifas políticas” por criterios técnicos. Este análisis explora cómo el cálculo real de costos de operación, el diseño de subsidios transparentes y la integración de sistemas son fundamentales para frenar el deterioro del transporte público, garantizar la sostenibilidad financiera y asegurar la equidad social en la movilidad urbana.
El sistema para movernos en las ciudades de México ha llegado a un límite que ya no se puede ignorar. Por mucho tiempo el precio que pagamos por subir al camión o al metro se ha decidido pensando en las elecciones o en evitar que la gente se moleste. Esta costumbre de manejar el dinero por conveniencia y no por la realidad de los gastos ha dejado a nuestro transporte en una situación muy difícil. Hoy necesitamos una Política Nacional Tarifaria para que el derecho a viajar de forma digna sea una realidad para todas las personas.
El problema principal es que existe una separación total entre lo que cuesta mantener un autobús en buen estado y lo que nosotros pagamos al subir. Actualmente muchas ciudades funcionan con tarifas que se fijan solo para no perder votos. Aunque un pasaje barato parece algo bueno para el ahorro familiar la verdad es que tiene un costo oculto muy alto. Cuando el dinero no alcanza para cubrir los gastos básicos el dueño del camión deja de invertir en reparaciones y no puede comprar unidades nuevas. Esto crea un círculo donde el servicio es cada vez más malo y los camiones fallan constantemente en las avenidas. Al final la seguridad de todos los pasajeros se pone en riesgo porque el sistema simplemente no tiene fondos para mejorar.
La solución que proponen los expertos es empezar a cobrar con lógica y usando datos reales. Esto significa que debemos dejar de inventar números y usar una base técnica para saber cuánto cuesta realmente cada viaje. Se trata de usar la calculadora para sumar cada gasto necesario como el sueldo de un chofer que trabaja horas justas o el costo de las piezas y el combustible. Si sabemos exactamente cuánto se gasta para que un autobús rinda bien entonces podemos planear mejor el futuro de nuestras calles.
Para que este cambio no afecte el bolsillo de quienes menos tienen la estrategia debe incluir apoyos del gobierno que sean muy claros. A diferencia de las ayudas que se daban antes sin revisar nada ahora se busca un financiamiento que exija resultados. El gobierno debe cubrir la parte del costo que el ciudadano no puede pagar, pero siempre asegurando que ese dinero se use para tener camiones más limpios y con mejor tecnología. De esta manera el transporte puede modernizarse sin que el usuario sufra un golpe fuerte en sus gastos diarios.
Este cambio es urgente y debe suceder de inmediato porque la inflación ha hecho que todo sea más caro. Ya tenemos leyes nacionales que nos dan el marco legal pero ahora falta que cada estado se ponga a trabajar en la parte técnica. La presión es mucho mayor en las grandes zonas urbanas donde todavía existen miles de camiones que trabajan de forma desordenada y compiten por el pasaje en lugar de colaborar como una sola red.
En conclusión, el transporte público debe dejar de ser una herramienta política para convertirse en el motor de nuestra economía. Solo con cuentas claras y una estrategia que sea igual para todo el país será posible que México deje de viajar en camiones viejos. Es momento de avanzar hacia un futuro donde movernos por la ciudad sea algo seguro y eficiente para todos.
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