Redacción: Javier Escárcega
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el exsecretario general de la OCDE y exfuncionario público, José Ángel Gurría, recibe una pensión mensual de 120 mil pesos, monto que calificó como un “abuso”.
En una conferencia celebrada en Irapuato, Guanajuato, la presidenta Sheinbaum detalló que José Ángel Gurría, quien fungió como exsecretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y ocupó diversos cargos públicos, recibe una pensión de 120 mil pesos mensuales por su paso como director de Nacional Financiera. Este monto, en opinión de la mandataria, representa un pago excesivo que no se justifica, principalmente porque fue acumulado con base en cargos que no corresponden a una trayectoria prolongada en la función pública.
La propuesta de reforma que se enviará al Poder Legislativo busca modificar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para limitar las pensiones de exfuncionarios de confianza. El proyecto plantea establecer que las pensiones no excedan un porcentaje máximo de las remuneraciones que percibe el titular del Ejecutivo federal, con el propósito de poner fin a jubilaciones que actualmente pueden superar varios cientos de miles de pesos. La iniciativa persigue impulsar un esquema más equitativo de pensiones públicas.
La presidenta enfatizó que esta reforma no incluye al personal de las Fuerzas Armadas, su aplicación se circunscribiría exclusivamente a funcionarios públicos de confianza que, en muchos casos, trabajaron por períodos breves y aun así accedieron a pensiones consideradas desproporcionadas. La aclaración fue reiterada para despejar dudas sobre posibles impactos en los sistemas de retiro del Ejército, la Marina y otras instituciones castrenses, que quedarían fuera del alcance de estas nuevas limitaciones.
Uno de los aspectos medulares de la discusión gira en torno a la transparencia y equidad de los sistemas de jubilación financiados con recursos públicos. Las pensiones doradas aquellas que superan ampliamente los topes establecidos para la mayoría de los trabajadores han sido objeto de críticas por considerar que generan privilegios injustificados para ex altos mandos. El Gobierno sostiene que limitar estos pagos puede liberar recursos que podrían destinarse a programas sociales o a fortalecer otras políticas públicas prioritarias.
La iniciativa de reforma ha generado reacciones tanto de apoyo como de reservas en diferentes sectores políticos y sociales. Algunos legisladores han señalado que es urgente combatir las desigualdades en las pensiones, mientras que otros han planteado la necesidad de analizar con detenimiento las implicaciones financieras y legales de la modificación al artículo constitucional. El debate se prevé intenso en comisiones legislativas y en el pleno del Congreso de la Unión.
Más allá del caso de Gurría, funcionarios y analistas han señalado que existen múltiples ejemplos de jubilaciones excesivas en organismos descentralizados, empresas públicas y entidades estatales. La revisión y posible aprobación de esta reforma podría marcar un punto de inflexión en cómo se estructuran las pensiones de altos mandos en el sector público, impulsando un enfoque más basado en la equidad, la sostenibilidad financiera y la rendición de cuentas.
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