Redacción Marlone Serrano
El comunicado sobre la transparencia en pensiones se presenta como un logro histórico, pero en realidad parece más un ejercicio de propaganda que una transformación estructural. El gobierno celebra la eliminación de las llamadas pensiones doradas como si fuera el fin de los privilegios, cuando en realidad se trata de un gesto simbólico que no resuelve el problema central: la desigualdad y precariedad que viven millones de trabajadores jubilados.
Exhibir listados y señalar casos extremos de pensiones millonarias genera indignación social, pero no garantiza que las pensiones de la mayoría mejoren ni que el sistema sea sostenible. La narrativa de austeridad republicana se utiliza como bandera política, pero evita discutir cómo se financiará un sistema que enfrenta presiones demográficas y fiscales cada vez más severas.
Además, el gobierno presume transparencia como si fuera un acto voluntario de buen gobierno, cuando en realidad es una obligación legal establecida en la Ley General de Transparencia. Cumplir con lo que ya está normado no debería presentarse como un avance extraordinario. Más aún, si el Estado exige transparencia a las instituciones, tendría que aplicar el mismo rigor a sí mismo: abrir con detalle sus propios gastos, contratos, asignaciones y decisiones presupuestales. De lo contrario, la exigencia se convierte en un doble discurso.
El riesgo es que este tipo de medidas se reduzcan a propaganda: se exhiben privilegios del pasado para reforzar la narrativa de ruptura, pero se evita discutir la precariedad de millones de jubilados que apenas reciben lo suficiente para sobrevivir. La transparencia, sin un rediseño integral del sistema y sin un compromiso real del propio gobierno para transparentar sus recursos, corre el peligro de ser un gesto vacío.
En suma, más que un paso hacia la justicia social, este comunicado parece un acto de control narrativo. La pregunta que queda abierta es si el gobierno está dispuesto a aplicar la misma transparencia que exige a otros y enfrentar el verdadero debate: cómo garantizar pensiones dignas y sostenibles para todos, más allá de eliminar los excesos de unos cuantos.
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