Redacción: Fer Valdep
La reforma modifica el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para dar al Congreso la competencia de homogeneizar el tipo penal y las penas por extorsión, al considerarlo un delito de alto impacto por sus repercusiones en las víctimas y en el Estado.
La futura ley general deberá unificar el tipo penal de extorsión, establecer agravantes, tipificar los delitos vinculados, fijar sanciones y garantizar los objetivos de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva a víctimas, ofendidos y testigos. Además, el dictamen establece que el Congreso tendrá un plazo no mayor a 180 días, a partir de la entrada en vigor, para expedir dicha ley.
Quienes defendieron el dictamen argumentaron que la medida busca responder a un problema en ascenso y con impactos graves en la seguridad pública, la economía y la vida personal de muchas personas. Según el debate, entre 2018 y enero el promedio diario de extorsiones pasó de 19 a 29, lo que representa un incremento del 58% en seis años.
Las dos principales modalidades de extorsión identificadas son las estafas telefónicas y el cobro de piso. Esta última afecta a toda la actividad económica, incluso a los negocios más pequeños. También se apuntó que, en 2023, se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión.
Adicionalmente, los diputados subrayaron la disparidad existente en las penas entre entidades federativas. Mientras en Oaxaca las sanciones por extorsión pueden llegar a los 3 años de prisión, en estados como Chihuahua las penas pueden alcanzar los 30 años, lo que reforzó el argumento a favor de homologar criterios y sanciones a nivel nacional.
Con la aprobación unánime, el expediente avanza al Senado donde deberá continuar su trámite. Para sus promotores, la ley general representa —además de una herramienta penal— un marco para coordinar políticas de prevención, mejorar la investigación y ofrecer mecanismos de atención a las víctimas, con la finalidad de atacar un delito que, según señalaron, “es el que más lastima a la sociedad mexicana, pues tiene graves repercusiones en la seguridad pública, en la economía y en la vida personal de muchas personas”.
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