Redacción: Fer Valdep
El Paquete Económico 2026, propuesto por la presidenta de México Claudia Sheinbaum, contempla un aumento histórico al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas. La cuota pasaría de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos por litro, es decir, casi un 100% más. Además, el gobierno proyecta recaudar poco más de 75,000 millones de pesos, un incremento estimado del 73.8% respecto a lo calculado este año. La medida, en principio, se plantea como una acción de salud pública frente a la obesidad y la diabetes.
Pero el debate revela una realidad más compleja. Para Diana Delgadillo, directora de operaciones en The Hunger Project México, el alza del impuesto ha tenido hasta ahora un impacto limitado en la reducción del consumo. Ella advierte que “en México no existe una política alimentaria integral que asegure el acceso al agua potable como derecho humano” y subraya que muchas familias eligen refresco porque es más barato o más accesible que agua segura.
Delgadillo recuerda además que recursos prometidos en 2014 para bebederos escolares y mejoras en acceso al agua nunca se destinaron como se anunció. También apunta la dimensión cultural del consumo. En zonas rurales el refresco funciona como símbolo de estatus y como moneda de cambio en festejos y autoridades comunitarias. “El consumidor mexicano no responde como el europeo”, concluye, en referencia a que aquí la decisión de compra está mediada por precariedades materiales y simbólicas.
Desde la visión indígena, el Dr. Omar Cruz, sociólogo originario de Xochistlahuaca, Guerrero, explica que el refresco no forma parte de las tradiciones originarias y que su presencia fue una imposición que terminó por integrarse a la vida comunitaria. Cita casos como el de la comunidad de San Juan Chamula, Chiapas, donde el consumo ha llegado a niveles extremos de hasta 850 litros por persona al año. Para los habitantes de esta localidad, la Coca-Cola se transformó en una bebida sagrada para los rituales. Ante esto, el Dr. Omar propone recuperar bebidas tradicionales como la chicha, hecha de maíz. Asimismo, Cruz añade que “mientras el Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar agua potable, Coca-Cola y Sabritas llegan hasta el último rincón del país”.
La industria responde con rechazo al aumento. Andrés Massieu Fernández, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), calificó el incremento como “desproporcionado” y afirmó que será “un golpe económico sin efectos reales en la salud pública”. Massieu también advirtió que el gravamen afectará a comercios y a más de 1.2 millones de tienditas que dependen de esas ventas, y rechazó que el impuesto sea una solución suficiente ante problemas estructurales de salud.
En síntesis, para expertos sociales como Delgadillo y Cruz el problema de fondo no es sólo el precio del refresco, sino la falta de agua potable, la desigualdad y la forma en que la bebida se ha integrado a prácticas sociales. Para la industria, la medida es inequitativa y poco eficaz en términos sanitarios. El debate apunta a que un impuesto por sí solo difícilmente resolverá la problemática si no va acompañado de inversión real en infraestructura hídrica y políticas públicas que garanticen agua como derecho humano.
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