Redacción: Daniela Paredes Rocha
Durante un discurso de investidura, Claudia Sheinbaum prometió que una de sus prioridades sería convertir a México en “una potencia científica y de innovación hecha por mexicanos y mexicanas”. Ante miles de ciudadanos reunidos en el Zócalo, la primera mujer presidenta y científica del país saludó al “semillero de científicos” al que, aseguró, su gobierno dotaría de herramientas para construir un México más justo y competitivo.
Un año después, lejos de avanzar hacia ese objetivo, el gobierno ha dado un duro golpe al desarrollo científico nacional y al futuro del “semillero” que la presidenta mencionó con orgullo. El 21 de octubre, el Diario Oficial de la Federación publicó las nuevas pautas del Sistema Nacional de Posgrados (SNP), emitidas por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). En su artículo IV se estableció un límite máximo de seis estudiantes de posgrado por tutor, incluyendo tanto alumnos vigentes como egresados que aún están en proceso de titulación. Además, las pautas restringen a dos programas de posgrado en los que cada tutor puede participar.
La reacción de la comunidad científica no se hizo esperar; primero con sorpresa, después con angustia y finalmente con movilización para intentar impedir un ordenamiento que, advierten, no solo compromete el futuro de los estudiantes, sino que también dañará seriamente la competitividad de México frente a otras naciones.
“Estas restricciones afectarán de manera inmediata y directa a los estudiantes, quienes corren el riesgo de quedarse sin la tutoría que hoy les permite avanzar en su formación”, menciona más de un centenar de tutores e investigadores de los centros de investigación más valiosos del país, como la UNAM, el Cinvestav, el Tec de Monterrey, el CIDE o el Instituto de Cancerología.
Algunos de los firmantes, entre ellos el Dr. Alfredo Rodríguez, el Dr. Julián Valdés, la Dra. Lorena Aguilar, la Dra. María Chávez, la Dra. Mayra Furlán y la Dra. Sandra Romero, mencionan los graves retrasos que podría generar una medida tomada, dicen, a espaldas de la comunidad científica.
“La nueva ley es injerencista y contravendría la autonomía universitaria, que es la base de la libertad académica”, aseguró María Chávez Canales, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Considera una “contradicción” que el gobierno defienda la soberanía de la ciencia y, al mismo tiempo, interfiera en la vida académica.
“Si la SECIHTI quiere más regulación, que la pida, pero que no imponga esta restricción sin atender a las causas de origen”, rebatió la investigadora Lorena Aguilar Arnal.
Por todo lo anterior, los firmantes instan a la SECIHTI a establecer “un diálogo real con la comunidad académica” y piden la revisión de los lineamientos, pues consideran que estos afectan la autonomía de las instituciones de educación superior, la calidad de los posgrados, el derecho del estudiante a una educación de calidad y el futuro del desarrollo científico nacional.
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