Redacción: Guicel Garrido
En una jornada marcada por la alta tensión diplomática, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró este lunes una sesión de emergencia para abordar la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. La operación, que culminó con la captura y traslado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante la justicia estadounidense, ha fracturado las posturas de las principales potencias mundiales.
Durante su comparecencia, el representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, defendió la legalidad de la operación calificándola como una “acción selectiva” contra objetivos de la justicia. Waltz sostuvo que Maduro no es un jefe de Estado legítimo, recordando que más de 50 naciones rechazaron los resultados electorales de 2024 y lo acusó formalmente de liderar una red de “narcoterrorismo” que desestabiliza el hemisferio occidental.
La respuesta de las otras potencias permanentes fue inmediata. El representante de Rusia, Vassily Nebenzia, exigió la liberación inmediata de los detenidos y calificó la incursión como un “acto de agresión atroz”. Según el diplomático ruso, el trasfondo de la operación es el control de los recursos naturales de Venezuela por parte de lo que denominó el “gendarme global estadounidense”.
Por su parte, China condenó las “incursiones ilícitas” y subrayó que ningún Estado tiene la facultad de erigirse como “juez internacional” o “policía del mundo”, denunciando la detención forzada de Maduro como una violación directa a la soberanía nacional.
América Latina: Entre el respaldo y la condena
La región presentó posturas drásticamente opuestas:
- Panamá y Argentina: Ambos países celebraron la acción. Panamá incluso instó a que los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado asuman el poder, alegando poseer pruebas del fraude electoral cometido por el régimen.
- Venezuela, Cuba y Nicaragua: El representante venezolano denunció que la operación no solo fue un “secuestro”, sino que dejó un saldo de bajas civiles y militares, además de daños críticos a la infraestructura, calificando el evento como una “ocupación ilegal”.
Naciones como Francia, Reino Unido y Dinamarca mantuvieron una posición intermedia. Si bien condenaron el uso de la fuerza militar por contravenir la Carta de las Naciones Unidas, reafirmaron su desconocimiento de la legitimidad de Maduro y abogaron por una salida democrática mediante elecciones libres.
La sesión concluyó sin una resolución de consenso, dejando en evidencia un escenario geopolítico incierto donde la legalidad internacional y la crisis política venezolana se enfrentan en su punto más crítico hasta la fecha.
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