Redacción: Grecia Rodriguez
Don Lemon enfrenta cargos federales por cubrir una protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota. El periodista insiste en que ejercía su labor informativa, mientras el gobierno lo acusa de participar en un ataque coordinado. El caso genera alarma entre defensores de la Primera Enmienda y reabren el debate. ¿Dónde termina el periodismo y comienza el activismo?
La noche del jueves, El excolaborador de CNN, Don Lemon, fue arrestado en Los Ángeles por agentes federales, acusándolo de participar en una protesta que interrumpió un servicio religioso de St. Paul, Minnesota. El periodista de 59 años, quien se encontraba cubriendo los premios Grammy, enfrenta cargos de conspiración para privar a otras personas de sus derechos civiles y de violar la Ley FACE, que prohíbe la obstrucción de clínicas de aborto y lugares de culto.
Lemon ingresó a la Cities Church junto con manifestantes que protestaban contra las políticas migratorias de la administración de Trump, específicamente contra un pastor de la iglesia que también trabaja como funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Durante la transmisión en vivo que realizó para su programa en YouTube, el periodista dejó claro en varias ocasiones que estaba allí solamente como periodista, sin vincularse con los activistas. “No somos parte de los activistas, solo estamos aquí informando sobre ellos”, repitió Lemon durante la cobertura. Los manifestantes decían “Justicia para Renee Good”, en referencia a la ciudadana estadounidense de 37 años, madre de tres hijos, quien murió por disparos de un agente de ICE en Minneapolis.
El arresto ha generado un gran debate sobre la libertad de prensa y la Primera Enmienda. Abbe Lowell, abogado de Lemon, dijo sobre la detención que es “un ataque sin precedentes a la Primera Enmienda” y aseguró que su cliente “luchará fuertemente contra estos cargos en la corte”. Lowell enfatizó que Lemon ha sido periodista durante 30 años y que su trabajo en Minneapolis fue protegido constitucionalmente, y no es diferente a lo que siempre ha hecho.
La fiscal general Pam Bondi confirmó el arresto a través de redes sociales, donde también anunciaron la detención de otras tres personas vinculadas a la protesta: Trahern Jeen Crews, la periodista independiente Georgia Fort y Jamael Lydell Lundy. Bondi describió el incidente como un “ataque coordinado” a la iglesia y volvió a comentar que no tolerarán ataques a lugares de culto.
Este arresto representa el segundo intento del gobierno por acusar a Lemon. Un juez federal había rechazado el primer intento de fiscales, comentando que faltaban pruebas suficientes. Sin embargo, el caso ahora se puede llevar ante un jurado federal para determinar si existe evidencia suficiente para proceder con los cargos. Lemon, quien fue despedido de CNN en 2023 tras comentarios sobre la candidata presidencial Nikki Haley, se ha establecido como periodista independiente con un programa en YouTube. A pesar de no ocultar su oposición a Trump, el periodista insistió durante la cobertura en que estaba ejerciendo su labor periodística.
La rápida respuesta del Departamento de Justicia ante la interrupción del servicio religioso contrasta con su decisión de no abrir una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Renee Good ni sobre el asesinato de Alex Pretti, otro ciudadano estadounidense de 37 años que murió durante las protestas de Minneapolis. Lo que ha causado críticas sobre las prioridades de la administración.
El caso de Lemon se suma a otro incidente que ha alarmado a los defensores de la libertad de expresión; un antiguo empleador de Lemon expresó su preocupación por el arresto, señalando que plantea “cuestiones profundamente preocupantes sobre la libertad de prensa y la Primera Enmienda”. Por lo que la cadena indicó que seguirá de cerca el desarrollo del caso. Lemon permanecerá ante un tribunal federal en Los Ángeles, donde se determinarán los siguientes pasos del proceso legal. Mientras tanto, las tensiones en Minnesota continúan escalando tras las operaciones de ICE que han dejado dos ciudadanos estadounidenses muertos, creando un debate sobre los límites de la aplicación de las leyes migratorias y la protección de los derechos constitucionales.
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