Redacción Carlos Villa
La Presidenta anunció durante esta semana que el lunes 16 de marzo estará enviando al Congreso de la Unión el Plan B, un rostro diferente de lo que fue la reforma electoral desechada por sus aliados durante su votación el pleno.
Después de que esta semana el bloque oficialista le diera el primer revés a una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral propuesta por la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum afirmó que se trabaja para que el próximo lunes a pesar de ser día feriado la Mesa Directiva reciba un llamado Plan B.
Dicho plan que podría ser aprobado por la mayoría simple con la que cuenta el partido de la Presidenta sin la necesidad del voto de respaldo de sus coaligados que no amerita una modificación constitucional plantea recortes presupuestales hacia las demás órdenes de gobierno, así como la disminución de privilegios en el ámbito estatal y municipal.
Esta alternativa contiene también que la revocación de mandato sea un proceso electoral que pueda ajustarse de fecha según el titular del Poder Ejecutivo lo decida, ya que en el marco regulatorio vigente es obligatorio que se realice en el cuarto año del sexenio.
También busca, aunque esto aún se maneja como una posibilidad la consulta electoral de algunas decisiones políticas, es decir, que las personas que conformamos el padrón electoral de nuestra entidad podamos expresar nuestra postura mediante el voto directo en una consulta popular sobre temas, por ejemplo, del presupuesto que se les da a los partidos políticos.
De igual forma, el plan que la Presidenta busca echar a andar el lunes próximo trae consigo la disminución de la fuerza y la autoridad en lo local, buscando reducir los privilegios de los congresos locales, que sean menos el número de regidores en ciertos municipios también.
Pero la esencia de esta alternativa que reemplaza la reforma electoral constitucional propuesta anteriormente desechada por los aliados de Morena es la fuerza de las consultas populares, la voz de la ciudadanía expresada en urnas acerca de temas político-electorales y presupuestales.
Contrario a su antecesora, la reforma electoral articulada por algunos actores políticos relevantes como Pablo Gómez contemplaba cambios significativos para los partidos políticos y su poder, como la reducción de plurinominales de cada entidad política para que fueran a buscar el voto a ras de suelo y no impuestos en una lista selecta.
Esta reforma que quedó en el olvido también contemplaba modificar el sistema electoral en cuanto al recorte de diputados y senadores de representación proporcional y por supuesto el financiamiento a los partidos.
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