Redacción: Ana Ruiz
Ante la propuesta de reducir el financiamiento público que perciben los partidos políticos y de la que muchos están en contra, la presidenta propone el plan B de la reforma electoral.
Los partidos políticos mexicanos son entes millonarios. Es un hecho y también una acusación que se repite entre quienes abogan por reducir su financiación pública, que asciende este año, sin comicios a la vista, a 2.616 millones de pesos (unos 145,73 millones de dólares al cambio actual). La reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum buscaba reducir en un 25% esa bolsa, destinada a las actividades ordinarias de los partidos.
La iniciativa fue rechazada por el Congreso, pero las subvenciones públicas siguen protagonizando la conversación ante la inminente llegada del plan B del oficialismo, que se mantiene firme en su voluntad de reducir el gasto político. La oposición, por contra, demanda una distribución más equitativa del dinero, que premia con un caudal muy superior al partido gobernante.
El financiamiento de los partidos políticos siempre ha sido un tema controvertido en México. El tema del financiamiento a los partidos con registro nacional volvió a ser parte del debate público. En lo particular, la crítica se centró principalmente en el monto tan elevado de financiamiento con recursos públicos y los magros beneficios que el actual sistema de partidos representa para la democracia mexicana.
Este interés por reducir el presupuesto ha sido generado por tres razones fundamentales: primero, por el alto monto del financiamiento que reciben los partidos con registro nacional; segundo, por la situación de precariedad económica en la que ha entrado la economía mexicana en los últimos años; y, tercero, por algunos escándalos financieros que se han generado en los partidos, así como por la poca transparencia en el manejo de estos recursos públicos y la percepción de que no se obtiene por parte de la sociedad algún beneficio tangible con este gasto.
Sin embargo, más allá del debate coyuntural surge, por un lado, la inquietud sobre la necesidad de reducir el monto de los recursos públicos que se destinan a estos institutos políticos y, por otro lado, sobre la urgencia de que los partidos políticos refuercen y rediseñen sus estrategias para agenciarse recursos provenientes de otras fuentes lícitas de financiamiento como las cuotas y aportaciones de sus militantes, para hacer menos gravosas las elecciones al erario público.
El Plan B de la Reforma Electoral
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes el envío del llamado Plan B de la reforma electoral al Senado de la República, que se desempeñará como cámara de origen. La propuesta incluye modificaciones constitucionales y legales con el objetivo de reducir costos del sistema electoral y limitar privilegios en el servicio público.
Durante su conferencia matutina, la primera mandataria explicó que la iniciativa contempla cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, además de ajustes en materia presupuestal y de organización electoral.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la reducción del gasto en organismos electorales y partidos políticos. En ese sentido, se plantea que ningún funcionario público, incluidos consejeros y magistrados electorales, perciba un salario superior al de la Presidencia. Asimismo, se propone eliminar bonos, seguros de gastos médicos y otras prestaciones adicionales que incrementen los ingresos de servidores públicos.
El Plan B también contempla establecer un tope presupuestal para los congresos estatales, que no podrá superar el 0.7% del presupuesto de cada entidad. Aquellos que excedan ese límite deberán ajustar su gasto. En el ámbito municipal, se plantea reducir el número de regidurías, que oscilarán entre siete y 15 integrantes según la población, con el objetivo de evitar estructuras sobredimensionadas.
Otro de los puntos relevantes es el fortalecimiento de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. La propuesta contempla mecanismos para transparentar ingresos y permitir la colaboración con instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera en caso de investigaciones sobre el origen de los recursos.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que la iniciativa mantiene como eje la austeridad republicana, al buscar “menos privilegios y más participación ciudadana”. La funcionaria subrayó que los ahorros derivados de estas medidas podrían destinarse a proyectos de infraestructura social en estados y municipios.
¿Te gustó nuestra nota? ¡Contáctanos y deja tu comentario! AQUÍ
Conoce nuestra red ANCOP Network AQUÍ
319 Total Count
