Redacción: Arely Negrete
La epilepsia afecta a más de 2 millones de personas en México, enfrentando graves retos de subdiagnóstico y estigma social. Este trastorno neurológico se ha convertido en un problema de salud pública subestimado y existe la urgencia de nuevas políticas de atención integral en 2026.
En el panorama de la salud en México, existen condiciones que, a pesar de su alta prevalencia y el profundo impacto que generan en la vida de quienes las padecen, suelen quedar relegadas a las sombras del estigma y la falta de presupuesto. La epilepsia es, quizás, el ejemplo más crítico de esta realidad.
Datos recientes de marzo de 2026 confirman que este trastorno neurológico no es solo una condición médica individual, sino un desafío de salud pública que afecta a más de 2 millones de mexicanos, una cifra que algunos especialistas sitúan incluso cerca de los 4 millones si se consideran los casos no diagnosticados.
La prevalencia de la epilepsia en México se estima entre 10 y 20 casos por cada mil habitantes. Esta cifra es notablemente alta en comparación con otros países, y se agrava en comunidades rurales donde el acceso a neurólogos es prácticamente inexistente. El problema fundamental radica en que casi la mitad de las personas que viven con esta condición en el país no reciben un tratamiento adecuado.
Esto se debe a una combinación de falta de infraestructura especializada y una percepción social errónea que todavía asocia las crisis con eventos místicos o enfermedades mentales intratables. Uno de los mayores obstáculos para la detección temprana es el desconocimiento general sobre cómo se manifiesta la enfermedad.
No todas las crisis epilépticas implican convulsiones tónico-clónicas lo que se refiere a caídas y movimientos bruscos. Muchas personas experimentan crisis sutiles, como ausencias, movimientos automáticos o alteraciones sensoriales, que a menudo son ignoradas o malinterpretadas. Esta falta de reconocimiento retrasa el inicio del tratamiento, lo cual es crítico, ya que el 70% de los pacientes podrían llevar una vida completamente normal y sin crisis si recibieran la medicación correcta desde el principio.
Un sector particularmente vulnerable es el de las personas con epilepsia farmacorresistente, que representa aproximadamente al 30% de los pacientes. Para ellos, los medicamentos convencionales no son suficientes. En México, el acceso a terapias innovadoras como la neuroestimulación, la cirugía de epilepsia o el uso terapéutico supervisado de derivados de cannabis sigue siendo limitado y desigual, concentrándose casi exclusivamente en grandes centros urbanos de la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey.
Más allá de lo clínico, el paciente con epilepsia en México enfrenta una segunda enfermedad, la discriminación. Desde la exclusión en el sistema educativo hasta las barreras en el mercado laboral, el estigma social dictamina que el paciente es incapaz, a pesar de que la mayoría de los casos controlados no presentan limitación alguna para sus funciones profesionales o intelectuales.
La advertencia es clara, México debe transitar de un modelo de atención fragmentado a uno de cobertura universal y especializada. Es imperativo que el sistema nacional de salud fortalezca el programa prioritario de epilepsia, garantizando no solo el abasto de fármacos básicos, sino también la capacitación de médicos de primer contacto para identificar la enfermedad, pues solo a través de la educación y la inversión se podrá saldar la deuda histórica con los millones de mexicanos que hoy por hoy, luchan en silencio contra una condición que el estado no puede seguir subestimando.
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