Redacción: Michelle Velázquez Belmont
Ernestina Godoy defiende ante el Senado una Fiscalía sin colores partidistas. Conoce su propuesta para fortalecer la justicia y la autonomía institucional
En un ejercicio de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, la titular de la fiscalía general de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó formalmente el Plan Estratégico de Procuración de Justicia. Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, la funcionaria subrayó un compromiso central: la conducción de una institución cuya operatividad sea ajena a las influencias de los partidos políticos y a cualquier interés de carácter electoral. Este enfoque busca romper con prácticas del pasado, donde la procuración de justicia se utilizaba como una herramienta de persecución contra la oposición o como un mecanismo para reprimir la disidencia social, priorizando ahora una visión de Estado que fortalezca la autonomía a través de la cooperación institucional.
Uno de los pilares fundamentales de esta propuesta es el combate frontal a la impunidad y la reducción de la denominada cifra negra, que actualmente representa más del noventa por ciento de los delitos no denunciados en el país. Godoy Ramos reconoció con autocrítica que este fenómeno se alimenta de una profunda desconfianza ciudadana, derivada de años de tratos burocráticos deficientes y esperas prolongadas.
Para revertir esta tendencia, la estrategia contempla la implementación de una atención más humana y empática, asignando personal especializado en cada entidad para guiar a las víctimas desde el primer contacto, evitando que la desatención inicial desincentive la denuncia y limite la capacidad de acción de la autoridad.
El plan proyecta una transformación estructural que elimine los privilegios internos y reduzca la carga burocrática excesiva, permitiendo que los recursos financieros y humanos se concentren en las tareas de investigación técnica y científica. En lugar de abordar los casos como hechos aislados, la Fiscalía se enfocará en desarticular redes criminales mediante el rastreo de sus flujos financieros.
Asimismo, se propone la creación de un sistema informático nacional que permita el intercambio de datos en tiempo real entre todas las fiscalías del territorio, facilitando la resolución de crímenes complejos como los feminicidios —que deberán atenderse bajo una estricta perspectiva de género— y la extorsión, especialmente cuando afecte a grupos en situación de vulnerabilidad.
En materia de desaparición forzada, el programa subraya el fortalecimiento del sistema forense mediante la consolidación de un banco nacional de información genética, trabajando estrechamente con las agrupaciones de familiares. Además, se pretende incentivar la justicia restaurativa a través de acuerdos reparatorios que ofrezcan soluciones rápidas y eviten procesos legales extenuantes para los afectados.
Pese a que la iniciativa recibió el respaldo mayoritario de la comisión, diversos sectores legislativos señalaron áreas de oportunidad importantes. Entre las inquietudes expresadas destacan la falta de indicadores de desempeño específicos, la necesidad de un presupuesto robusto que garantice la ejecución de las metas y la importancia de proteger a las infancias frente a las amenazas en entornos digitales. No obstante, el consenso general apunta a que este modelo representa una oportunidad histórica para coordinar los esfuerzos de la Guardia Nacional, el Ejército y las policías locales bajo un marco de derecho y respeto a la dignidad humana.
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