Redacción Daniel Lee
Antes que una concesión política, la representación migrante debe entenderse como un acto de justicia democrática
Desde hace años, organizaciones binacionales como #FuerzaMigrante, federaciones de clubes de mexicanos en Estados Unidos y diversos colectivos de la diáspora han insistido en un planteamiento que debería ser elemental: “nada sobre los migrantes sin los migrantes”. Su exigencia no consiste en obtener privilegios, sino en ejercer plenamente derechos que la Constitución ya reconoce. Reclaman una representación que nazca del voto de la propia comunidad migrante, una mayor participación en las decisiones públicas y mecanismos efectivos para incidir en las políticas que afectan su vida cotidiana, tanto en México como en el exterior.
México reconoce a sus migrantes cuando envían remesas, impulsan la economía o fortalecen los vínculos con sus comunidades de origen. Sin embargo, cuando se trata de garantizarles una representación política auténtica, el país sigue manteniendo una deuda con millones de ciudadanos que, pese a vivir en el extranjero, nunca han dejado de formar parte de la nación.
Toda diputación representa constitucionalmente a México en su conjunto, aunque provenga de un distrito o una circunscripción determinada. En la mayoría de los casos, quienes llegan al Congreso comparten territorio y realidad con quienes los eligieron. La diputación migrante, en cambio, exige una condición distinta: representar a una comunidad cuya vida transcurre fuera del país, pero cuyos derechos y obligaciones permanecen vigentes.
Hablar de migración desde una curul no es suficiente. Representar a la diáspora requiere conocer de primera mano lo que significa vivir lejos del país, enfrentar procesos consulares, mantener a una familia mediante remesas o experimentar la incertidumbre derivada de políticas migratorias cada vez más restrictivas. Esa experiencia compartida es la que otorga legitimidad para defender una agenda que difícilmente puede comprenderse desde la distancia.
En este contexto, la Ciudad de México ha construido el modelo más avanzado del país. Su diputación migrante se elige mediante el voto directo de los capitalinos residentes en el extranjero. Quien ocupa esa curul no llega por una negociación partidista ni por una lista plurinominal, sino por la decisión de una comunidad específica que eligió a su representante.
La diferencia es profunda. Mientras el diputado responde directamente a quienes viven fuera del país, la representación adquiere legitimidad y la agenda migrante deja de depender exclusivamente de las prioridades de los partidos políticos.
A nivel federal ocurre lo contrario. La legislación únicamente establece una acción afirmativa que obliga a los partidos a postular una candidatura migrante dentro de los primeros lugares de sus listas de representación proporcional. Fue un avance importante, pero insuficiente. Esas diputaciones siguen siendo electas principalmente con votos emitidos dentro del territorio nacional y no por la comunidad migrante que supuestamente representan.
Existe presencia, pero no una representación plena.
El panorama estatal tampoco resulta alentador. Apenas diez de las treinta y dos entidades contemplan alguna modalidad de representación migrante. Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Durango, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán han incorporado distintos mecanismos, casi todos mediante listas plurinominales o acciones afirmativas. Ninguno replica el modelo de elección directa que hoy distingue a la Ciudad de México.
Las otras veintidós entidades continúan sin reconocer políticamente a millones de ciudadanos que participan activamente en la vida nacional y sostienen buena parte de las economías locales mediante el envío constante de remesas.
Esta realidad explica por qué organizaciones binacionales como @FuerzaMigrante, junto con diversas federaciones y colectivos de mexicanos en el exterior, han insistido en que la representación política debe construirse con la participación de la propia diáspora y no únicamente mediante acuerdos partidistas. Su exigencia es sencilla: que quienes viven fuera del país puedan elegir directamente a quienes defenderán sus intereses y promoverán políticas públicas acordes con su realidad.
El siguiente paso consiste en ampliar la credencialización desde los consulados, fortalecer la educación cívica entre las comunidades migrantes y abrir el debate para que más entidades adopten esquemas de representación directa. La experiencia de la Ciudad de México demuestra que es posible avanzar hacia un modelo más legítimo y cercano.
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