Redacción Daniel Lee
El gobierno de Donald Trump acaba de dar un nuevo paso en el endurecimiento de su política migratoria.
Sin licitación pública y mediante una adjudicación directa de 150 millones de dólares, entregó la representación legal de miles de niños migrantes no acompañados a un pequeño despacho de abogados en Texas con escasa experiencia en derecho migratorio, pero con claros vínculos políticos con el entorno del presidente.
La decisión ha encendido las alertas entre organizaciones especializadas que durante años han defendido a estos menores y que ahora advierten un escenario preocupante: miles de niños podrían enfrentar solos los procesos que definirán si permanecen en Estados Unidos o son deportados.
La preocupación no es menor. Mientras la Casa Blanca acelera su estrategia de deportaciones masivas, también está desmontando la red de organizaciones expertas que brindaba asesoría jurídica a los menores más vulnerables del sistema migratorio. La combinación resulta inquietante: por un lado, se endurecen los operativos de expulsión; por el otro, se debilita la defensa legal de quienes, por su edad y condición, requieren mayor protección. Para numerosos defensores de derechos humanos, no se trata de una simple sustitución de proveedores, sino de una decisión política que podría convertir el derecho al debido proceso en una formalidad vacía para miles de niños.
El problema trasciende la asignación de un contrato millonario. Lo verdaderamente grave es que la defensa legal de menores que huyen de la violencia, la persecución, la trata de personas o el abandono haya sido retirada de una red de casi cien organizaciones con décadas de experiencia para entregarse, mediante un procedimiento de excepción, a un despacho cuya práctica profesional se ha concentrado principalmente en asuntos corporativos y cuyos principales integrantes mantienen una estrecha cercanía con el círculo político del presidente Trump. Cuando la afinidad ideológica pesa más que la experiencia especializada, el riesgo ya no es únicamente administrativo; es profundamente humano.
Los niños migrantes no acompañados representan el rostro más vulnerable del fenómeno migratorio. Llegan solos a un país desconocido, sin dominar el idioma, sin recursos económicos y, en muchos casos, profundamente marcados por la violencia que los obligó a abandonar sus hogares. Pretender que enfrenten un proceso migratorio sin una defensa jurídica especializada equivale a colocarlos en absoluta desventaja frente a un aparato gubernamental que dispone de fiscales, jueces, agentes migratorios y toda una estructura diseñada para ejecutar las políticas de deportación.
No es casualidad que organizaciones defensoras de derechos humanos hayan advertido que esta decisión amenaza directamente el debido proceso.
La legislación estadounidense reconoce desde hace años que estos menores requieren una protección especial precisamente porque carecen de la capacidad para defenderse por sí mismos. La Ley de Reautorización para la Protección de las Víctimas de Trata de 2008 obliga al gobierno a garantizarles acceso a representación legal durante sus procedimientos migratorios.
Debilitar ese mecanismo no constituye una simple modificación contractual; significa desmontar una de las principales salvaguardas que protegían a miles de niños frente a la posibilidad de ser deportados sin una defensa adecuada.
El contexto vuelve aún más preocupante esta decisión. Mientras la administración Trump intensifica los operativos de detención y acelera los procesos de expulsión, también reduce los contrapesos legales que históricamente habían servido para garantizar que cada caso fuera revisado con justicia. La estrategia parece responder a una lógica sencilla: facilitar las deportaciones disminuyendo la capacidad de defensa de quienes serán sometidos a ellas. Si esa es la intención, el derecho deja de ser un mecanismo de protección para convertirse en un obstáculo que conviene debilitar.
Tampoco puede ignorarse la forma en que fue adjudicado el contrato. El gobierno recurrió a un procedimiento de “fuente única”, evitando una licitación pública y sin ofrecer una explicación convincente sobre las razones para excluir un proceso competitivo. Cuando un contrato de 150 millones de dólares se entrega directamente a un despacho con experiencia limitada en la materia y evidentes vínculos políticos, las dudas sobre la transparencia y la imparcialidad son inevitables.
Las consecuencias pueden ser profundas. Actualmente, miles de menores permanecen bajo custodia del gobierno estadounidense y decenas de miles más viven con familiares o patrocinadores mientras enfrentan procedimientos migratorios. Cada expediente requiere conocimientos especializados para identificar posibles casos de trata, violencia o persecución, preparar solicitudes de asilo, reunir pruebas y garantizar que los menores comprendan un proceso legal extraordinariamente complejo. Esa experiencia no se improvisa ni se adquiere mediante un contrato gubernamental.
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