Redacción Antonio Horacio Gamboa Chabbán
La elección arreglada expone cómo los actos anticipados de campaña, el uso de recursos y la falta de una fiscalización efectiva pueden generar ventajas indebidas y poner en riesgo la equidad y credibilidad de los procesos electorales en México.
Imaginemos una maratón en la que las reglas son claras para todos: nadie puede cruzar la línea de salida hasta que suene el disparo oficial. Sin embargo, meses antes de la carrera, un corredor decide empezar a trotar. Se adelanta kilómetros, toma agua en los puestos de abastecimiento y la gente en las gradas se acostumbra a verlo liderando el camino. Cuando finalmente suena el disparo para los demás, ese corredor ya está a mitad de trayecto.
Si usted fuera parte del público, ¿qué pensaría de los jueces que vieron al corredor adelantarse todos los días y no hicieron nada? Lo más seguro es que pensaría que están comprados o que son cómplices. Esto no es una historia de atletismo; es exactamente lo que está pasando con nuestras elecciones y con nuestro árbitro electoral.
La trampa a la vista de todos
Para entender cómo se construye una victoria tramposa, no hace falta ser abogado electoral; basta con caminar por la calle o abrir el celular. Meses antes de que el proceso electoral iniciara legalmente, vimos a ciertos aspirantes inundar el país con su imagen y su nombre.
La conquista del territorio (ventaja en tierra):
De la noche a la mañana, las bardas de nuestras colonias amanecieron pintadas con nombres y siluetas. Las avenidas principales se llenaron de espectaculares promocionando libros que nadie ha leído o portadas de revistas desconocidas. Las plazas públicas se utilizaron para realizar eventos masivos disfrazados de “asambleas informativas”. Todo esto costó millones de pesos, se hizo fuera de los plazos legales y le permitió al candidato adelantado comprar lealtades, prometer cargos y adueñarse de las calles sin que nadie le marcara el alto.
La manipulación del celular (ventaja digital):
En internet, la trampa fue igual de descarada. Meses antes del inicio oficial, los candidatos adelantados pagaron a ejércitos de cuentas en redes sociales, a “influencers” y a páginas que se hacen pasar por medios de noticias para hablar bien de ellos todos los días. Al hacerlo durante tanto tiempo y con tanto dinero, educaron a los algoritmos de Facebook, TikTok e Instagram. Para cuando los demás candidatos apenas iban a lanzar su primer video legal, el celular de millones de ciudadanos ya estaba programado para mostrar únicamente la cara del candidato infractor.
La ceguera del árbitro como aparente complicidad
Aquí es donde entra la parte más indignante de esta historia. Cualquier ciudadano o ciudadana, desde el taxista hasta la estudiante universitaria, se dio cuenta de este bombardeo. Si todos vimos los espectaculares y todos nos topamos con los anuncios pagados en YouTube, ¿cómo es posible que el Instituto Nacional Electoral (INE) no los viera?
La inactividad de la autoridad electoral durante esos meses previos no puede calificarse de simple “ausencia de reglas” ni de “lentitud burocrática”. Cuando la trampa es tan evidente y el árbitro decide esconderse detrás de excusas legales para no castigar ni frenar el abuso, esa ceguera se convierte, a los ojos de la ciudadanía, en una aparente complicidad.
El INE le mandó un mensaje terrible a la sociedad y a los políticos: puedes violar la ley y gastar dinero de origen desconocido para adelantarte, porque nosotros vamos a mirar hacia otro lado.
El resultado inevitable: la ilusión de la competencia
Si hacemos un análisis del futuro sobre cómo terminará una elección bajo estas condiciones, el pronóstico es doloroso. La ventaja que obtiene un candidato al posicionar su nombre, su imagen y sus redes meses antes que sus rivales es, en la práctica, casi irreversible en los escasos meses que dura una campaña oficial.
Cuando llegue el día de las votaciones y ese candidato gane, nos dirán que “fue la voluntad del pueblo” y que “ganó la democracia”. Pero la realidad es otra. Esa elección no se ganó el domingo en las urnas; se ganó meses atrás, en el momento exacto en que el árbitro electoral decidió no sacar la tarjeta roja.
El daño a nuestra democracia es profundo. Una competencia en la que un participante se adelanta con el permiso silencioso del juez no es una elección; es una simulación. Y lo más grave es que, al permitir que la trampa funcione, nuestras autoridades están enseñando a los futuros políticos que, en México, quien respeta la ley pierde.
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