Antonio Horacio Gamboa Chabbán
México tardó décadas en construir elecciones en las que el gobierno dejara de ser parte de la competencia. No fue una concesión del poder: fue consecuencia de reformas, conflictos, movilizaciones y crisis de credibilidad que obligaron a separar dos conceptos peligrosamente confundidos durante buena parte de nuestra historia: gobierno y partido.
Quienes seguimos la evolución del sistema electoral desde finales de los ochenta sabemos que una parte fundamental de la transición consistió precisamente en sacar al gobierno de las elecciones. Por eso, cualquier intento de recorrer el camino de regreso a 2027 nos preocupa: nos costó décadas sacar al gobierno de las urnas. Sería imperdonable dejarlo entrar nuevamente por la puerta de atrás.
Gobernar no es competir
Un gobierno tiene el derecho y la obligación de gobernar, informar y defender sus políticas. Lo que no tiene derecho a hacer es utilizar esa formidable estructura institucional para alterar las condiciones de la competencia electoral.
La diferencia parece elemental. En la práctica no siempre lo es. Los límites se difuminan cuando una política pública adquiere una narrativa partidista; cuando un programa social genera estructuras políticas; cuando la comunicación gubernamental deja de informar y comienza a posicionar; o cuando gobernadores y alcaldes olvidan que administran gobiernos, no extensiones territoriales de sus partidos.
La Constitución establece una frontera: el artículo 134 obliga a las personas servidoras públicas a aplicar con imparcialidad los recursos a su cargo, sin influir en la equidad de la competencia. El Tribunal Electoral ha sostenido una línea coherente: el poder público no debe utilizarse para influir en las preferencias electorales. La razón es sencilla: quien gobierna administra el poder público; no administra votos.
El gobernante tiene algo que ningún candidato puede comprar
Solemos asociar la inequidad con el dinero, pero existe un recurso más poderoso: la investidura. Quien encabeza el Ejecutivo federal, un gobierno estatal o una presidencia municipal dispone de exposición permanente, autoridad institucional, estructuras administrativas, presupuesto, personal y una plataforma desde la cual sus palabras tienen un alcance muy superior al de cualquier ciudadano.
Por eso es ingenuo afirmar que un gobernante actúa como un simple “ciudadano” al intervenir en una contienda. Nunca deja por completo su investidura en la oficina. El propio Tribunal ha sostenido que tiene un deber especial de cuidado.
Mientras mayor sea el poder público ejercido, mayor debe ser la obligación de autocontención electoral. No es censura. Es responsabilidad democrática.
El dinero público también puede hacer campaña
Es un error pensar que solo hay intervención gubernamental cuando se demuestra que el dinero de una cuenta pública financió propaganda. El poder se expresa también mediante personal, vehículos, instalaciones, redes sociales oficiales, padrones, programas, eventos y, sobre todo, la investidura.
La Sala Superior confirmó, por ejemplo, la vulneración de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en un caso del gobernador de Nuevo León, al considerar que sus expresiones en redes sociales, también usadas para comunicar actividades gubernamentales, no podían analizarse de forma aislada de su investidura. Más aún: existen precedentes en los que esa vulneración se configura aun sin acreditar materialmente el uso de recursos públicos. El dinero público puede hacer campaña sin comprar ni un solo espectacular.
Los programas sociales requieren vigilancia extrema
Los programas pertenecen al Estado, no al gobierno en turno ni al partido que gobierna. Quien recibe una beca o una pensión no recibe un favor personal de quien gobierna ni del partido que lo postuló: recibe una prestación financiada con recursos públicos. Los programas sociales son derechos o instrumentos de política pública; convertirlos en gratitud electoral es pervertir su naturaleza.
El asunto no es hipotético. El INE informó recientemente que reforzará la verificación para impedir que servidores públicos vinculados a programas sociales, sus operadores o los Servidores de la Nación se acrediten como observadores electorales. ¿Qué controles tendremos en 2027 sobre las estructuras gubernamentales vinculadas territorialmente a los beneficiarios? ¿Detectaremos la intervención antes de la elección o solo discutiremos sus consecuencias después?
El problema también está en los estados y municipios
Sería intelectualmente deshonesto centrar esta discusión únicamente en el gobierno federal. Un gobernador que usa su posición para favorecer al candidato de su partido representa el mismo problema democrático, y un alcalde tampoco puede convertir el ayuntamiento en un comité electoral. La neutralidad gubernamental no tiene colores partidistas.
Esa es la prueba de consistencia de cualquier demócrata: condenar la intervención gubernamental cuando perjudica a su partido, pero también cuando lo beneficia. De lo contrario, no defendemos principios, sino intereses.
¿Y las autoridades electorales?
El INE, los organismos públicos locales y los tribunales no pueden limitarse a administrar hechos consumados. Una autoridad que llega tarde puede tener razón jurídica y, democráticamente, haber fracasado: una sentencia tardía no borra millones de impactos digitales ni estructuras ya movilizadas. El propio Consejo General del INE discutió recientemente que, sin mecanismos efectivos de verificación, las prohibiciones pueden quedar reducidas a meras declaraciones. En materia electoral, una sanción tardía puede sancionar al responsable, pero difícilmente restaura la equidad perdida.
La tentación de volver al pasado
México conoce las consecuencias de confundir el gobierno, el partido y la elección. La intervención gubernamental no necesariamente comienza con una orden escrita: puede empezar con silencios institucionales, propaganda disfrazada, estructuras gubernamentales demasiado cercanas a las electorales, gobernantes opinando sistemáticamente sobre adversarios y, finalmente, con una sociedad que termina acostumbrándose. Ese sería quizá el mayor peligro. Las elecciones de Estado no regresan de un día para otro. Regresan cuando las pequeñas intervenciones dejan de escandalizarnos.
México no necesita gobiernos políticamente mudos. Necesita gobiernos constitucionalmente responsables. La pregunta no es si un gobernante puede tener preferencias políticas; por supuesto que puede. La pregunta es otra: ¿Puede utilizar el poder que la ciudadanía le otorgó temporalmente para convertir esas preferencias personales en ventajas electorales?
Mi respuesta parte de una convicción construida tras décadas de observar nuestro sistema electoral:
El gobierno debe gobernar.
Los partidos deben competir.
Los candidatos deben hacer campaña.
Las autoridades electorales deben arbitrar.
Y los ciudadanos deben decidir.
Cuando esas fronteras se confunden, la elección puede seguir teniendo urnas, boletas y resultados oficiales. Pero comienza a perder algo mucho más difícil de recuperar: la certeza de que quien ganó lo hizo compitiendo contra otros candidatos y no contra todo el aparato del Estado.
Y ésa es una frontera que ninguna democracia debería permitirse cruzar.
Mtro. Antonio Horacio Gamboa Chabbán
Presidente del Colegio de Abogados de América Latina COTAL, A.C.
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