Redacción Daniel Lee
La Ciudad de México tiene una ciudadanía que ya no cabe dentro de sus fronteras. Decenas de miles de chilangos viven en otros países, pero siguen votando, organizándose y participando en las decisiones de la capital. El crecimiento del voto desde el extranjero revela algo que la política mexicana tardó demasiado en reconocer: migrar no significa renunciar a la ciudadanía.
En 2012, apenas 7,915 personas originarias de la capital votaron desde el exterior para elegir la Jefatura de Gobierno. En 2018 fueron 20,841 y en 2024 llegaron a 45,873. En doce años, el voto chilango creció 479 por ciento. Ese mismo año, 45,742 personas participaron en la elección de la Diputación Migrante.
No estamos frente a una curiosidad electoral. Estamos ante la formación de un nuevo espacio político transnacional.
La dimensión de esta comunidad ayuda a entenderlo. En 2024, más de 11.2 millones de mexicanos residían fuera del país. La mayor concentración estaba en Estados Unidos, con 10.8 millones, seguida muy de lejos por Canadá y distintos países europeos y latinoamericanos. Son millones de personas que trabajan, estudian, forman familias, construyen patrimonio y desarrollan organizaciones fuera de México, pero que conservan vínculos económicos, familiares, culturales y políticos con sus lugares de origen.
En la capital, esa relación está adquiriendo una expresión electoral cada vez más clara. Al 30 de junio de 2026, 164,356 personas originarias de la Ciudad de México habían obtenido su Credencial para Votar desde el Extranjero, la cifra más alta entre las entidades federativas.
El mensaje es evidente: hay una ciudadanía chilanga fuera del territorio y las instituciones tienen que aprender a gobernar también pensando en ella.
Pero reconocer el derecho al voto es apenas el primer paso. Una democracia seria no puede limitar la participación migrante al momento de depositar una boleta. Quienes viven fuera deben conocer sus derechos, saber quién los representa, participar en las discusiones públicas y tener herramientas para exigir resultados.
Ahí adquiere relevancia la formación cívica. El curso Personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero y sus derechos político-electorales, disponible en el Aul@ Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México, representa un esfuerzo necesario porque lleva información y herramientas democráticas más allá de las fronteras.
Sus contenidos abarcan el reconocimiento jurídico de la comunidad migrante, los derechos político-electorales, las modalidades para votar desde el exterior, la Diputación Migrante, la observación electoral y otros mecanismos de participación ciudadana. También aborda el Presupuesto Participativo y las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), porque la ciudadanía no desaparece después de una elección.
Ese punto merece especial atención. El migrante no debe ser visto únicamente como alguien que aparece en el padrón electoral cada tres o seis años. Puede convertirse en interlocutor, vigilante, organizador y actor de la vida pública.
Y eso modifica la relación tradicional entre gobierno y ciudadanía.
La política mexicana todavía arrastra una visión territorial de la representación: quienes viven dentro deciden y quienes se fueron observan desde lejos. La realidad está cambiando. Las redes familiares, las organizaciones de mexicanos en el exterior, las plataformas digitales y las nuevas formas de participación han reducido considerablemente la distancia.
El reto para las instituciones es evitar que ese reconocimiento quede en el terreno de los discursos. No basta con abrir una ventanilla electoral en los consulados; hay que construir ciudadanía más allá de las fronteras.
Rumbo a 2027, el desafío será particularmente importante. Del 1 de septiembre de 2026 al 25 de febrero de 2027, las personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero podrán registrarse para votar mediante las modalidades electrónica por internet, postal y presencial en consulados autorizados.
Pero la pregunta de fondo no es solamente cuántos se registrarán o cuántos acudirán a las urnas.
La pregunta es qué lugar ocupará esa ciudadanía en las decisiones de la capital.
El crecimiento del voto chilango demuestra que existe interés. La credencialización demuestra que existe disposición. La Diputación Migrante demuestra que ya existen mecanismos de representación.
Ahora corresponde dar el siguiente paso: pasar de una ciudadanía migrante convocada para votar a una ciudadanía migrante reconocida como actor político permanente.
Porque el chilango que se fue no dejó atrás a la Ciudad de México.
La distancia cambió su domicilio. No canceló sus derechos ni su voz.
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