Antonio Horacio Gamboa Chabbán
Entre la esperanza, la necesidad, las promesas y las decepciones: lo que la ciudadanía espera de quienes buscan cargos de elección popular.
Cada vez que una ciudadana o ciudadano acuden a una casilla llevan consigo algo más que una credencial para votar. Lleva preocupaciones, expectativas, inconformidades y, muchas veces, la esperanza de que su decisión mejore las condiciones en las que vive.
Algunas personas votan porque creen en un proyecto político; otras, porque desean que continúe un gobierno. Hay quienes buscan un cambio, quienes pretenden evitar que gane determinada opción y quienes consideran que votar es parte de sus responsabilidades ciudadanas.
Pero existe una pregunta que pocas veces se formula con suficiente profundidad: ¿qué espera realmente una persona cuando deposita su voto en una urna?
¿Que su vida mejore? ¿Que disminuya la inseguridad? ¿Que haya medicamentos en los hospitales? ¿Que sus hijos encuentren empleo? ¿Que quienes gobiernan cumplan sus promesas? O quizá algo más elemental: que quienes resulten electos no se olviden de ella al día siguiente de la elección.
La ciudadanía no vota necesariamente por grandes proyectos de nación. Muchas veces votan esperando que alguien resuelva los problemas que enfrentan todos los días.
Uno de los errores más frecuentes del discurso político es suponer que todas las personas votan por las mismas razones. Una persona vota por identificación partidista; otra, por la trayectoria de una candidatura; alguien más, por su situación económica, la seguridad o los servicios públicos. Hay votos de continuidad, de protesta, de rechazo y de confianza, y ninguno puede atribuirse automáticamente a una clase social, una edad o una ocupación.
Por eso, interpretar una victoria como adhesión absoluta a todas las propuestas de quien ganó es una simplificación.
Ganar una elección significa obtener una mayoría conforme a las reglas aplicables. No significa recibir autorización para interpretar libremente todos los deseos de la ciudadanía.
Las campañas están llenas de compromisos: hospitales, escuelas, carreteras, mejores salarios, seguridad y empleos. Prometer es legítimo; una candidatura debe explicar qué pretende hacer. El problema aparece cuando las promesas se formulan sin identificar presupuestos, competencias legales, plazos o condiciones para cumplirlas, o cuando dependen de decisiones legislativas o administrativas ajenas al cargo que se busca.
No toda promesa incumplida es un engaño; las circunstancias cambian. Pero los ciudadanos tienen derecho a saber desde el principio qué puede hacer realmente una autoridad.
La esperanza electoral no debería construirse sobre promesas que nadie se toma el trabajo de explicar cómo se cumplirán.
Mientras las campañas discuten grandes proyectos, millones de personas enfrentan problemas inmediatos. La madre que necesita medicamentos para su hijo. El trabajador que pasa horas trasladándose a su empleo. El comerciante preocupado por la inseguridad. El agricultor que necesita agua. El joven que busca su primer trabajo.
Las políticas nacionales importan, pero existe una distancia entre anunciar una política y demostrar que sus beneficios llegan a quienes los necesitan.
La ciudadanía no vive dentro de un discurso de campaña. Vive dentro de una realidad que exige soluciones.
No basta con anunciar programas, inaugurar obras o presentar cifras favorables; es necesario conocer sus resultados y a quiénes benefician efectivamente. También hay que reconocer los límites del poder público: ningún Titular del Ejecutivo Federal resuelve de manera autónoma todos los problemas, ningún alcalde o alcaldesa tiene facultades ilimitadas, ningún diputado o senadora garantizan por sí mismos la aprobación de una ley.
Reconocer esos límites, sin embargo, no significa renunciar a exigir resultados. Una autoridad sin competencia directa sobre un problema sí puede estar obligada a canalizarlo, coordinarse con otras instituciones o explicar qué está a su alcance.
No podemos exigir que un gobernante haga lo imposible. Pero sí debemos exigir que cumpla aquello para lo que se eligió.
Durante las campañas, la ciudadanía adquiere una importancia extraordinaria. Las y los candidatos recorren colonias, visitan mercados y escuchan peticiones. Pero una pregunta debería acompañar cada compromiso: ¿qué mecanismos existirán para mantener esa comunicación después de la jornada?
Concluida la elección, la atención se traslada a los acuerdos partidistas, la integración de gobiernos y las decisiones presupuestarias. La relación con los electores no debe depender de la actividad de campaña; requiere mecanismos de atención, informes de resultados y canales de rendición de cuentas.
La ciudadanía no debería ser indispensable durante la campaña y prescindible durante el gobierno o legislatura.
El voto no extingue la relación entre representantes y representados: la inicia bajo nuevas responsabilidades.
La participación puede expresar confianza, inconformidad o ambas. Y la abstención no tiene una explicación única: puede deberse a barreras prácticas, falta de información, desinterés o desconfianza, por lo que no debe leerse automáticamente como rechazo al sistema. Tampoco quien vota por una opción comparte necesariamente todas sus posiciones.
El voto expresa una decisión electoral. No revela por sí solo todas las razones, expectativas y preocupaciones de quien lo emite.
La Constitución reconoce a los partidos como entidades de interés público. Su función no se limita a competir por cargos: deben promover la participación democrática, formar cuadros, construir propuestas, seleccionar candidaturas mediante procedimientos legítimos y mantener vínculos con la sociedad. Un partido puede conseguir millones de votos y aun así no representar las necesidades de quienes le apoyaron; otro puede perder sin que sus propuestas carezcan de valor.
Los partidos no deberían preguntarse solamente cómo conseguir votos, sino qué responsabilidad adquieren frente a quienes deciden otorgárselos.
El sufragio, además, es libre y secreto. No constituye una deuda personal con un dirigente, un candidato o una organización, ni una obligación derivada de recibir apoyos públicos o mantener una relación laboral. Los programas sociales no pertenecen a los partidos ni a quienes ocupan temporalmente los cargos, y los beneficios establecidos por ley no deben condicionarse a preferencias electorales.
Nadie debería sentirse obligado a entregar su voto como agradecimiento por recibir aquello a lo que tiene derecho.
Las elecciones federales de 2027 volverán a colocar a millones de ciudadanas y ciudadanos frente a distintas opciones. Más allá de simpatías personales, convendrá preguntar qué facultades tiene el cargo en disputa, cuánto costarán las propuestas, cómo se financiarán, qué antecedentes existen y cómo podrán evaluarse los resultados. La democracia no requiere que todas y todos lleguen a las mismas conclusiones, sino que puedan decidir libremente y con información suficiente.
Quizá lo que la ciudadanía espera es algo sencillo: que su decisión tenga consecuencias positivas, que sus necesidades sean escuchadas y que las autoridades ejerzan sus responsabilidades con seriedad. El voto no garantiza que todas las expectativas se cumplan, pero sí debería permitir exigir explicaciones, evaluar resultados y sustituir pacíficamente a quienes ejercen el poder.
La democracia no termina cuando se cuentan los sufragios. Continúa cuando se aprueban presupuestos, se aplican políticas y se responde a las necesidades de la población.
La ciudadanía no debería votar para convertirse en espectador de las decisiones de quienes eligió. Debería conservar siempre el derecho de preguntar, cuestionar y exigir cuentas.
Porque la pregunta importante no es solo qué espera una persona cuando vota, sino qué están dispuestos a hacer los partidos y los gobernantes para responder a esa confianza.
El voto dura unos segundos. Sus consecuencias pueden durar años.
Y quizá la mayor exigencia democrática sea esta: que quienes pidieron el voto tengan presente, durante todo el periodo de su responsabilidad, las razones de quienes decidieron entregarles su confianza y también las de quienes decidieron no hacerlo.
Mtro. Antonio Horacio Gamboa Chabbán
Presidente del Colegio de Abogados de América Latina COTAL, A.C.
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