Redacción Andrea García
El gasto destinado al pago de pensiones continúa aumentando y representa uno de los mayores compromisos para las finanzas públicas de México. Las cifras de Hacienda muestran que una proporción considerable del presupuesto federal se concentra en cubrir estas obligaciones. El panorama también refleja los retos económicos que enfrentará el país ante el envejecimiento de su población.
El crecimiento de la población adulta mayor y la ampliación de los programas de protección social han incrementado las necesidades presupuestarias destinadas a garantizar ingresos para quienes se encuentran en etapa de retiro. Este escenario ha colocado al sistema de pensiones entre los rubros que requieren mayor atención dentro de la distribución de los recursos públicos.
Los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) correspondientes a los primeros nueve meses de 2026 muestran la dimensión de este compromiso financiero. Entre enero y septiembre, el Gobierno destinó un billón 742 mil 384.7 millones de pesos al pago de pensiones contributivas y programas dirigidos a personas adultas mayores y mujeres de 60 a 64 años.
El monto representó cerca de 24 por ciento del gasto público ejercido en ese periodo, una proporción que refleja el peso que tienen estas obligaciones dentro del presupuesto nacional. En otras palabras, aproximadamente uno de cada cuatro pesos del gasto se utilizó para cubrir estos conceptos.
La mayor parte de los recursos correspondió a las pensiones contributivas, relacionadas con los esquemas de jubilación de trabajadores que cotizaron en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Este apartado registró un gasto de un billón 261 mil 276.9 millones de pesos hasta septiembre, lo que significó un crecimiento real de cinco por ciento respecto al mismo lapso del año anterior. Se trata de obligaciones derivadas de los derechos laborales y los sistemas de retiro de los trabajadores.
A estos compromisos se suman los programas sociales que proporcionan ingresos a distintos sectores de la población. Durante el mismo periodo, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibió 438 mil 829.7 millones de pesos, mientras que Pensión Mujeres Bienestar concentró 42 mil 278.1 millones de pesos.
Este último programa contempla a mujeres de entre 60 y 64 años, mientras que el apoyo para adultos mayores está dirigido a quienes tienen 65 años o más. La incorporación de estos esquemas también influye en el volumen de recursos que el Gobierno debe considerar cada año.
Las previsiones presupuestarias apuntan a que las necesidades de financiamiento continuarán aumentando. Para el cierre de 2026, Hacienda estima que el gasto destinado a las pensiones contributivas y los programas mencionados llegará a 2 billones 304 mil 341.2 millones de pesos.
Para 2027, la proyección asciende a 2 billones 443 mil 601 millones de pesos. Si se agregan las pensiones para personas con discapacidad permanente, el monto estimado podría alcanzar 2 billones 481 mil 37 millones de pesos. Estas cifras anticipan una mayor demanda de recursos para mantener los compromisos de seguridad social y asistencia económica.
Otro aspecto que destaca en el análisis del gasto es la diferencia entre los montos promedio destinados a los pensionados de cada institución. De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), para 2027 una persona jubilada de la Comisión Federal de Electricidad tendría un promedio anual de un millón 175 mil 344 pesos.
En Pemex, la cantidad estimada sería de 616 mil 225 pesos, mientras que para los pensionados del ISSSTE se calcularían 276 mil 880 pesos y para el IMSS, 169 mil 725 pesos. Estas diferencias evidencian que los sistemas de jubilación cuentan con características y compromisos financieros distintos.
El incremento de los recursos destinados a las pensiones plantea retos para la administración del presupuesto federal, especialmente ante los cambios demográficos que experimenta el país. A medida que aumenta la población en edad de retiro, también crece la necesidad de garantizar pagos y apoyos económicos de manera sostenida.
En este contexto, Hacienda deberá contemplar las obligaciones actuales y las futuras demandas del sistema, al mismo tiempo que distribuye los recursos entre otros servicios y necesidades públicas. La evolución de este gasto será fundamental para analizar la capacidad financiera del Estado y la sostenibilidad de sus compromisos sociales durante los próximos años.
41 Total Count
