Redactor: Sam Torne
El pasado viernes 20 de diciembre de 2024, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto que oficializa la extinción de siete organismos autónomos en México, como parte de una reforma en materia de simplificación orgánica.
El decreto establece que el Congreso de la Unión dispone de 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes correspondientes y dar cumplimiento a esta reforma.
Los organismos que han sido disueltos y las dependencias que asumirán sus funciones son:
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): sus responsabilidades serán transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece): sus funciones serán asumidas por la Secretaría de Economía.
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): sus atribuciones pasarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): sus tareas serán integradas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH): ambas serán incorporadas a la Secretaría de Energía.
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu): sus funciones serán trasladadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Destino de los recursos y derechos laborales
Los ahorros generados por la extinción de estos organismos serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Asimismo, se garantiza que los derechos laborales de los servidores públicos serán respetados en su totalidad, y que el personal de los organismos extintos será integrado en las dependencias que asumirán sus funciones, cuando corresponda.
La desaparición de estos organismos ha generado diversas opiniones. Por un lado, el gobierno argumenta que la medida busca eliminar duplicidades y lograr una administración pública más eficiente y austera. Por otro lado, críticos y organizaciones de la sociedad civil expresan preocupación por la posible concentración de poder y la disminución de la autonomía en áreas clave como la transparencia, la competencia económica y la regulación energética.
Es importante destacar que, aunque las funciones de estos organismos serán absorbidas por distintas secretarías, se prevé la creación de una nueva agencia antimonopolios con independencia técnica, que asumirá las responsabilidades de la Cofece y el IFT, con el objetivo de combatir monopolios y cumplir con los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).