Redacción Daniel Lee La comunidad migrante zacatecana ha sido durante décadas un actor fundamental para la economía, la estabilidad social y la proyección internacional del estado. Sin embargo, su peso político sigue siendo, en buena medida, una concesión simbólica más que un ejercicio pleno de derechos. En ese contexto, la iniciativa presentada por el diputado federal Ulises Mejía Haro en la comunidad de Ermita de Guadalupe, Jerez, abre una discusión impostergable: ¿puede hablarse de democracia incluyente cuando millones de mexicanos en el exterior no eligen directamente a quienes dicen representarlos? La propuesta de reformar la Constitución para que las diputaciones migrantes dejen de asignarse por lista y pasen a ser electas mediante voto directo de los connacionales en el extranjero no es menor. Se trata de cuestionar un modelo que, hasta ahora, ha reducido la representación migrante a un gesto político controlado por partidos y cúpulas, más cercano a la simulación que a la participación auténtica. Acompañado por referentes migrantes como Serafín Bermúdez y Mario Haro, el legislador colocó el tema en el terreno correcto: el de la legitimidad democrática. El argumento es claro y difícil de refutar. Los zacatecanos que viven fuera del país no solo envían remesas que sostienen economías locales completas; también conservan lazos familiares, productivos y culturales que los mantienen vinculados al destino de sus comunidades de origen. Negarles la posibilidad de elegir a sus propios representantes equivale a tratarlos como una fuente de ingresos, pero no como sujetos plenos…
