En una democracia constitucional, la pregunta no debe formularse desde la conveniencia de la institución, sino desde los derechos de las personas que la hacen funcionar. ¿Está justificado que determinados empleados del Instituto Nacional Electoral no puedan asociarse para defender colectivamente sus intereses? La respuesta exige distinguir entre la naturaleza de la función pública, la categoría laboral concreta y los riesgos reales para la autonomía electoral.
¿Puede negarse el derecho sindical a los trabajadores del INE?
