Redacción Daniel Lee Las redadas migratorias en Estados Unidos dejaron de ser un mecanismo de control fronterizo para convertirse en un laboratorio de impunidad. En Los Ángeles, ya se contabilizan mil 500 detenidos en las más recientes, y entre ellos México confirma 61 connacionales. La política migratoria se convierte así en espectáculo punitivo, en show de fuerza para las cámaras, pero con víctimas de carne y hueso. Ante ello, el gobierno de Donald Trump enfrenta una oleada de demandas millonarias, no por irregularidades administrativas menores, sino por violaciones flagrantes a los derechos de ciudadanos estadounidenses y residentes legales. Es decir: ya no se trata de “migrantes indocumentados”, sino de personas que portaban sus papeles en regla y aun así fueron detenidas, esposadas, humilladas. Lo relevante de estas demandas no es solo la indemnización que persiguen —sumas millonarias que poco reparan las heridas físicas y emocionales—, sino la posibilidad de generar precedentes legales que limiten los excesos de las agencias migratorias. Que un grupo de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes recurra al Consejo de Derechos Humanos de la ONU es, además, un recordatorio incómodo: Estados Unidos, que presume ser el guardián de la democracia, es hoy señalado por los mismos abusos que suele denunciar en otros países. El caso de Leonardo García Venegas, detenido dos veces en su propio lugar de trabajo pese a identificarse como ciudadano estadounidense, ilustra una práctica que revela no errores aislados, sino un patrón. A él se suma el de…
