Redacción: Guicel Garrido La inversión en infraestructura es fundamental para el desarrollo de cualquier país, y México no es la excepción. Sin embargo, no basta con invertir, se necesita hacerlo con inteligencia, visión a largo plazo y responsabilidad tecnológica. La inversión pública y privada en este rubro debe estar guiada por el principio de generar más beneficios que costos a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Los estudios internacionales indican que cada peso invertido en infraestructura genera entre 1.3 y 2.0 pesos de retorno económico y social, convirtiendo así a la inversión en un motor de productividad y cohesión social. El principal problema que enfrenta el país es la inversión sin una planeación adecuada, lo que lleva a proyectos con costos elevados y escasos beneficios. Muchas obras han sido afectadas por decisiones que carecen de sustento técnico, información confiable y estudios de rentabilidad social y económica. Esto resulta en infraestructuras que exceden su vida útil sin mantenimiento, presentan deterioro estructural, no se alinean con las necesidades de la población o son afectadas por eventos externos que no se previeron. Este modelo de inversión sin planeación ha generado un gran costo económico y social. De acuerdo con auditorías federales del Poder Legislativo, los proyectos mal planeados en México tienen en promedio sobrecostos del 36% y duplican sus tiempos de entrega. Asimismo, se estima que entre el 15% y el 20% del presupuesto total de la obra pública se pierde debido a la corrupción y la ineficiencia administrativa. Estos recursos podrían haber sido utilizados para atender necesidades urgentes en ámbitos como el hídrico, educativo, energético o de movilidad. Para mitigar este problema, es crucial implementar una planeación rigurosa y un seguimiento estricto de los proyectos de infraestructura. Es necesario tomar decisiones basadas en información confiable y estudios técnicos que aseguren la rentabilidad social y económica de las obras. Solo de esta manera se podrá maximizar el retorno de la inversión y garantizar que las infraestructuras sirvan a las necesidades reales de la población, impulsando el desarrollo sostenible y la prosperidad en el país.
