Anticorrupción pone en la mira a Broxel, proveedora de los monederos de diputados morenistas, por pagos en exceso a 39 dependencias

Redacción: Jacqueline Sandoval

Anticorrupción investiga a Servicios Broxel por pagos en exceso de 29.4 millones de pesos, un posible conflicto de interés con un funcionario de Hacienda y un crédito de 4 mil 200 millones solicitado a Bancomext.

Servicios Broxel, la empresa que entregó monederos electrónicos a diputados federales de Morena enfrenta investigaciones administrativas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por presuntas irregularidades en contratos con el gobierno, pagos en exceso y un posible conflicto de interés con un funcionario de Hacienda. La dependencia advirtió que podría sancionarla e impedirle obtener nuevos contratos públicos, aunque todavía no hay una resolución definitiva.

Según el oficio 223/DGPCMC/352/2026, fechado el 10 de noviembre, la compañía ganó adjudicaciones en una licitación consolidada de Hacienda para suministrar vales electrónicos de despensa durante 2025 y después firmó contratos con más de 150 instituciones en condiciones distintas a las de su propuesta original. Anticorrupción afirma que eso generó pagos superiores a los debidos y detectó 29.4 millones de pesos pendientes de devolución a 39 dependencias federales. El documento, firmado por José Juan García Estrada, advierte posibles infracciones a la ley de adquisiciones del sector público.

El oficio también señala que el representante legal de Broxel, Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, es hermano de Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de Hacienda, quien trabajó en Bancomext hasta 2021 y habría conservado una licencia sin goce de sueldo. Ese banco evaluó el crédito de 4 mil 200 millones de pesos que solicitó la empresa, y Anticorrupción recomendó no autorizarlo por el riesgo de que, si pierde contratos públicos, no pueda pagarlo. Aun así, el parentesco no prueba por sí solo tráfico de influencias, y el documento no acredita que el funcionario participara en los contratos ni en el trámite del préstamo.

El caso salió a la luz tras la publicación de EL UNIVERSAL del 3 de noviembre sobre las tarjetas Broxel repartidas entre los 254 diputados de Morena, cada una con 10 mil pesos. El diario habló de cinco por legislador, mientras que el coordinador administrativo de la bancada, Faruk Miguel Take Roaro, aseguró que fueron tres y que se trató de un adelanto de prerrogativas. Por ahora no se ha acreditado que esos monederos formen parte de las operaciones investigadas.

Broxel defendió la legalidad de su participación, sostuvo que ofreció una bonificación superior a 480 millones de pesos y dijo no haber recibido notificación formal del oficio. Atribuyó las diferencias a una discrepancia técnica sobre esa bonificación y afirmó que colaborará con las autoridades. Siguen pendientes el monto definitivo por reintegrar, la posible responsabilidad administrativa y la decisión bancaria sobre el crédito.

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