Redacción: Ximena Zarahi Moreno Luna
El jefe de bancada del Partido Nacional advierte sobre responsabilidades penales tras difundirse un video que cuestiona la declaratoria presidencial del CNE.
La tensión política en Honduras escaló nuevamente luego de que el jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso, Tomás Zambrano, lanzara una dura advertencia al presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, y al coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel “Mel” Zelaya, a quienes acusó de “embarrar” el proceso democrático e incitar conductas que podrían constituir delitos que no prescriben.
La reacción de Zambrano se dio tras la difusión de un video en el que el expresidente Zelaya consulta a Redondo sobre las acciones que podrían emprenderse desde la Comisión Permanente del Congreso para anular la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la cual Nasry Asfura aparece como presidente electo de Honduras. El contenido del material audiovisual generó una ola de críticas por parte de sectores de oposición, que lo interpretan como un intento de interferencia directa en las instituciones electorales del país.
“Ya dejen en paz a Honduras. Mel Zelaya sigue embarrando a su grupo más cercano, incitándolos a cometer delitos que dentro de poco serán perseguidos por la ley”, declaró Zambrano, quien fue reelecto como diputado por el departamento de Valle. Sus palabras reflejan el nivel de confrontación política que atraviesa el país en un contexto marcado por la desconfianza institucional y la polarización.
El legislador subrayó que los videos difundidos podrían convertirse en pruebas clave para identificar responsabilidades penales, tanto de autores materiales como intelectuales. En ese sentido, advirtió que existen delitos que no prescriben y que podrían ser investigados en el futuro por las autoridades competentes. “Todos estos videos van a ser pruebas de delitos que no prescriben. El 2026 debe ser el año del fortalecimiento institucional y de la instauración del imperio de la ley”, afirmó.
Zambrano insistió en la necesidad de un “reseteo institucional” que permita a Honduras superar la crisis política y enfocarse en atender las demandas sociales. Según el diputado, el país requiere un nuevo ciclo político basado en el trabajo legislativo, el respeto a la legalidad y la respuesta efectiva a las necesidades de la población. “Este nuevo año tiene que ser de trabajo y de respuesta al pueblo, no más odio ni división entre los hondureños”, enfatizó.
Las declaraciones se producen en un momento especialmente delicado para la vida política hondureña, donde el papel del Congreso Nacional y del CNE ha sido objeto de constantes cuestionamientos. La posibilidad de revertir una declaratoria presidencial desde instancias legislativas ha sido calificada por expertos constitucionales como un escenario de alto riesgo para la estabilidad democrática.
En paralelo a la polémica, Mel Zelaya, la presidenta Xiomara Castro y el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, participaron recientemente en un evento religioso celebrado en Dulce Nombre de Culmí, en el departamento de Olancho. La presencia conjunta de estas figuras en un acto público fue interpretada por algunos sectores como un mensaje de cohesión política, mientras que para otros reforzó la percepción de una concentración de poder que podría vulnerar los equilibrios institucionales.
El debate sobre los límites de la actuación política, el respeto a los procesos electorales y la independencia de los poderes del Estado vuelve a colocar a Honduras en el centro de la discusión regional sobre gobernabilidad democrática. Organizaciones civiles y observadores internacionales han reiterado en diversas ocasiones la importancia de preservar la autonomía de las autoridades electorales y de evitar cualquier intento de presión política que pueda socavar la confianza ciudadana.
Mientras tanto, la advertencia de Zambrano se suma a una serie de pronunciamientos que anticipan un 2026 marcado por la exigencia de rendición de cuentas, fortalecimiento institucional y posibles procesos legales derivados de decisiones políticas actuales. En un país con antecedentes de crisis postelectorales, el llamado a respetar la ley y a reducir la confrontación se vuelve un factor clave para evitar nuevos episodios de inestabilidad.
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