Cuando migrar también significa luchar por el derecho a ser quien eres 

Cuando migrar también significa luchar por el derecho a ser quien eres

Cuando migrar también significa luchar por el derecho a ser quien eres 

Redacción:  Daniel Lee   

La imagen de miles de personas avanzando desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México durante la 48ª Marcha del Orgullo LGBT+ dejó un mensaje que va mucho más allá de la celebración de la diversidad. Entre las banderas multicolores, los contingentes de organizaciones civiles y las expresiones artísticas apareció una realidad que pocas veces ocupa los titulares: la de las personas migrantes LGBT+, uno de los sectores más invisibilizados y vulnerables dentro de los movimientos migratorios contemporáneos. 

Durante años, el fenómeno migratorio se ha explicado casi exclusivamente desde la economía. Se habla de quienes cruzan fronteras buscando empleo, mejores salarios o reunificación familiar. Sin embargo, existe otra migración que permanece prácticamente oculta: la de quienes abandonan su país porque su orientación sexual o su identidad de género pone en riesgo su libertad, su integridad física o incluso su vida. 

Miles de personas en América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo no migran únicamente por necesidad económica. Migran porque permanecer en sus comunidades significa enfrentar agresiones, persecución, amenazas, violencia familiar, discriminación institucional o la posibilidad real de ser asesinadas por el simple hecho de ser quienes son. 

Para ellas, la frontera no representa únicamente un cambio de territorio; representa una oportunidad de sobrevivir. 

Sin embargo, el viaje apenas comienza. La condición migratoria no elimina la discriminación: con frecuencia la multiplica. 

Una persona migrante LGBT+ suele enfrentar simultáneamente el rechazo por su nacionalidad, por su situación documental, por su condición económica y por su identidad sexual o de género. Es decir, carga con múltiples formas de exclusión que se acumulan unas sobre otras. Cuando además se trata de mujeres trans, las barreras son todavía mayores. Muchas quedan fuera del mercado laboral formal, enfrentan mayores riesgos de trata de personas, violencia sexual, extorsión y dificultades para acceder a servicios de salud o mecanismos de protección internacional. 

La 48ª Marcha del Orgullo colocó esa realidad en el centro de la conversación. No fue casualidad que diversos contingentes llevarán mensajes de solidaridad hacia personas refugiadas, solicitantes de asilo, deportadas y desplazadas por violencia. El movimiento entendió que hoy la diversidad también cruza fronteras y que los derechos humanos no pueden depender del lugar donde una persona nació ni del documento que lleva en el bolsillo. 

México ocupa una posición particularmente compleja en este escenario. Es simultáneamente país de origen, tránsito, destino y retorno migratorio. Cada año miles de personas LGBT+ cruzan territorio mexicano buscando protección internacional o intentando llegar a Estados Unidos, mientras otras son deportadas desde el norte hacia ciudades donde vuelven a enfrentar el mismo entorno de violencia del que intentaron escapar. 

A ello se suma una realidad poco discutida: miles de mexicanos integrantes de la comunidad LGBT+ que durante años construyeron su vida en Estados Unidos hoy enfrentan deportaciones o retornos forzados. Muchos regresan a comunidades donde nunca pudieron expresar libremente su identidad y donde vuelven a encontrar rechazo familiar, discriminación laboral y ausencia de redes de apoyo. El retorno, lejos de significar un regreso a casa, puede convertirse en un nuevo proceso de exclusión. 

Esta realidad obliga a replantear la política migratoria desde una perspectiva de derechos humanos mucho más amplia. La protección internacional no puede limitarse a quienes huyen de guerras o persecuciones políticas. También debe reconocer a quienes escapan de la violencia motivada por prejuicios, odio o discriminación. La orientación sexual y la identidad de género no son circunstancias menores: en numerosos países siguen siendo causas de encarcelamiento, persecución e incluso pena de muerte. 

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