Redacción: Naome Zavala
Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y actual senador, no provienen de una intencionalidad política, sino de informes de inteligencia militar que fueron extraídos del hackeo conocido como Guacamaya Leaks. Estos documentos, originalmente no destinados a ser publicados, detallan una extensa red de complicidad entre autoridades de seguridad en Tabasco y grupos criminales durante y después de su mandato.
Un entramado de corrupción a la luz pública
Tourliere, en conversación con Aristegui en Vivo, explicó que la reciente revisión de estos archivos militares fue motivada por las declaraciones de Adán Augusto López intentando deslindarse de su exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena. Bermúdez ha sido acusado de liderar el grupo criminal conocido como “La Barredora”.
Los informes de seguimiento técnico del Ejército revelan una impactante conclusión: “Prácticamente todo el aparato de seguridad de Adán Augusto López Hernández en Tabasco estaba o cooptado o tenía vínculos con este mundo criminal”.
Los documentos identifican con nombre y cargo a varios funcionarios clave, como José del Carmen Castillo Ramírez, comisionado de la Policía Estatal, y Leonardo Arturo Leyva Ávalos, director general de la Policía Estatal. También se señala a Carlos Tomás Díaz Rodríguez, “brazo derecho” de Bermúdez, y a Ulises Pinto Madera, segundo al mando en la Secretaría de Seguridad. Estos funcionarios, algunos de los cuales han sido detenidos recientemente, habrían facilitado diversas actividades ilícitas, incluyendo el robo de hidrocarburos, tráfico de personas, venta de drogas y extorsiones.
Vínculos que alcanzan a la fiscalía y dependencias federales
Uno de los hallazgos más graves, según el periodista, es que la red criminal contaba también con la colaboración de la fiscalía general del Estado y de instancias federales. Tourliere mencionó el caso de Nicolás Bautista Obando, exvicefiscal y actual fiscal estatal, quien aparece en los documentos vinculado con un presunto criminal. A pesar de estas advertencias, Bautista fue ratificado en su cargo.
“Dentro del aparato de seguridad de Adán Augusto tenía a su secretario de Seguridad Pública que era Hernán Bermúdez Requena, vinculado con el mundo criminal, y al vicefiscal Nicolás Bautista Obando, también vinculado con el mundo criminal”, aseguró Tourliere.
Los informes también detallan la colusión de agentes de la fiscalía general de la República, la Guardia Nacional y el Ejército, quienes habrían facilitado el tráfico de “huachicol” y manipulado investigaciones. El periodista denominó a esta estructura como un “cuarto orden de gobierno”, operando en paralelo con el conocimiento de múltiples niveles gubernamentales.
Falta de acción y consecuencias políticas
A pesar de que estos reportajes comenzaron a difundirse desde 2022, Tourliere subraya que las autoridades no actuaron para desmantelar estas estructuras. El equipo de Proceso contactó al equipo de Adán Augusto López antes de la publicación, pero fue ignorado. Tras la difusión de la información, no hubo reacciones institucionales, y por el contrario, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó públicamente a su colaborador.
El periodista también cuestionó la postura del actual gobernador, Carlos Merino, quien mantuvo a Bermúdez en su cargo incluso después de que los primeros reportajes salieron a la luz. Para Tourliere, es “insostenible” que Adán Augusto López, ahora como senador, declare que no tenía conocimiento de las acusaciones contra su secretario de Seguridad.
“Lo que vemos es cómo todo este mundo de la seguridad y del mundo criminal trabajaban prácticamente de la mano para administrar los negocios criminales en Tabasco en ese momento”, afirmó Tourliere. El caso de Tabasco, concluyó, es un ejemplo claro de cómo la valiosa información de inteligencia militar fue ignorada, permitiendo que estas redes criminales continuaran operando sin consecuencias.
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