Redacción Litzury Gamboa
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan una nueva y severa serie de acusaciones presentadas ante un tribunal federal de Estados Unidos. La fiscalía neoyorquina ha sumado cargos por presuntos actos de represión violenta, ejecuciones extrajudiciales y tortura cometidos contra ciudadanos estadounidenses, activistas y figuras de la oposición durante su tiempo al frente del gobierno en Venezuela.
La pareja se encuentra actualmente bajo custodia en una prisión de alta seguridad en Nueva York, tras haber sido capturados a principios de este año durante un operativo especial realizado por fuerzas estadounidenses en Caracas. Este nuevo paquete de señalamientos se adhiere a la acusación formal iniciada previamente en su contra, la cual incluye cargos de conspiración para el narcotráfico, tráfico internacional de drogas y posesión de armas de fuego de uso exclusivo militar.
Durante la más reciente audiencia judicial en el distrito sur de Nueva York, los fiscales mostraron testimonios y pruebas documentales sobre los abusos cometidos en centros de detención clandestinos. De acuerdo con los documentos presentados ante el juez, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos eran ejecutadas por organismos de seguridad estatal bajo las órdenes directas e instrucciones de la cúpula gubernamental venezolana.
Al tomar la palabra frente al magistrado, tanto el mandatario depuesto como su cónyuge se declararon totalmente inocentes de cada uno de los delitos imputados por la justicia norteamericana. La defensa legal de la pareja reiteró que todo el proceso judicial responde a una persecución puramente política e ilegal orquestada desde Washington para justificar la intervención extranjera en los asuntos internos de la nación sudamericana.
Grupos internacionales de derechos humanos han seguido de creca las sesiones en la corte de Manhattan, señalando que la inclusión de cargos por tortura representa un avance histórico para las víctimas de la represión del país. Asimismo, expresaron que este juicio sienta un precedente crucial en la lucha contra la inmunidad de los altos mandos en la región.
Dicho proceso podría extenderse durante varios meses debido a la complejidad de las pruebas y al número de testigos citados por la fiscalía.
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