Redactor: Sam Torne
En un giro inesperado en el panorama político y judicial, representantes de la Asociación Civil Defensores AC han interpuesto una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz. Las acusaciones se centran en presuntos actos de campaña anticipada y el uso indebido de recursos públicos, en un momento en el que las tres figuras, vinculadas estrechamente con el Gobierno federal, han mostrado abiertamente su apoyo a la elección judicial que se espera se realice en 2025.
La denuncia, presentada ante la oficialía de partes del INE, señala que las ministras habrían impulsado su imagen personal y política mediante la difusión de videos, entrevistas y participación en eventos, en un período previo al inicio formal de las campañas. Según los denunciantes –Miguel Alfonso Meza Carmona, Úrsula Amaranta Martínez Barrueta y Luis Ulloa García– estas acciones podrían entorpecer la equidad del proceso electoral, dado que las actividades comunicacionales de las ministras podrían interpretarse como una promoción indirecta de ciertos intereses en la contienda.
La elección judicial, un proceso novedoso programado para este 2025, tiene como fecha de inicio oficial el 30 de marzo, extendiéndose hasta el 28 de mayo. Las denuncias se han presentado en un contexto en el que la polémica por la participación de figuras políticas y su posible influencia en los procesos de selección de candidatos ha ido en aumento. Los actores detrás de la denuncia hacen un llamado a frenar las actividades que pudieran configurarse como campañas anticipadas, abogando por un terreno de juego equitativo para todos los involucrados.
La controversia adquirió mayor cuerpo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera mantener la suspensión del proceso de selección de aspirantes al cargo judicial que se esperaba para el 1 de junio. Durante una sesión privada, en la que se debatió la propuesta de revocación del acuerdo adoptado por el Comité de Evaluación del Poder Judicial, la mayoría optó por mantener el status quo. Aunque las ministras Esquivel, Batres y Ortiz, junto con el ministro Juan Luis González Alcántara, votaron a favor de reactivar la selección de candidatos, la propuesta fue finalmente rechazada con seis votos en contra.
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