Los efectos económicos y sociales de la temporada de lluvias, que se extiende de mayo a octubre, superan el alivio del calor al generar pérdidas multimillonarias, impulsar la inflación alimentaria y exponer la fragilidad de la infraestructura urbana y rural en México.
Redacción: Guicel Garrido
La llegada de la temporada de lluvias a México, que se extiende tradicionalmente de mayo a octubre según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), es un fenómeno de doble filo. Si bien ofrece un respiro al calor y beneficia la recarga de mantos acuíferos, su impacto económico y social, exacerbado por eventos extremos, plantea un desafío recurrente para las finanzas familiares y la estabilidad regional. La fuerza destructiva de un solo fenómeno hidrometeorológico puede desencadenar una espiral de pérdidas que trasciende las afectaciones directas.
El huracán Otis en 2023 se convirtió en un dramático ejemplo de este riesgo latente. Las estimaciones de daños ascendieron a cifras multimillonarias (hasta $287 mil millones de pesos), provocando una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) regional del 16% y una paralización del 40% de la actividad comercial en el estado de Guerrero, ilustrando cómo un desastre puntual puede socavar la economía de una entidad federativa en cuestión de horas. La vulnerabilidad se extiende por casi todo el país, desde el Noroeste y Occidente, con estados como Sonora y Jalisco, hasta el Centro y Sur, incluyendo la Ciudad de México, Guerrero y Chiapas, además de la Península de Yucatán.
En las zonas urbanas, la infraestructura a menudo colapsa ante la intensidad de las precipitaciones. Reportes de hasta 85 mm de lluvia en tan solo 24 horas en el área metropolitana, contrastando con la media mensual de agosto, revelan la insuficiencia del drenaje y la planificación urbana. Esta saturación no solo interrumpe el tráfico y la movilidad, sino que expone a los ciudadanos a riesgos sanitarios al transitar por zonas anegadas, además de golpear a los comerciantes informales cuyas mercancías se pierden por las inundaciones.
El sector agrícola es otro frente de batalla. La erosión del suelo y la consecuente pérdida de nutrientes en cultivos esenciales como el maíz, el frijol y el café amenazan la seguridad alimentaria y generan presiones inflacionarias. Un aumento repentino en el precio de productos básicos, como la calabacita en la Central de Abasto de la CDMX, es un indicativo directo de cómo las inclemencias del tiempo se traducen en un encarecimiento de la canasta básica para millones de hogares.
Frente a esta realidad, las instituciones financieras, como Bankaool, subrayan la urgencia de adoptar una cultura preventiva que mitigue el impacto económico. La preparación va más allá de tener una mochila de emergencia en zonas costeras o limpiar coladeras en las ciudades. Se requiere impulsar mecanismos de protección financiera, como fondos comunitarios de reacción rápida en localidades rurales y la exigencia de seguros accesibles. La lluvia es incontrolable, pero el daño financiero no lo es; proteger el patrimonio, ya sean cosechas, viviendas o pequeños negocios, es la clave para que el agua no se lleve consigo la estabilidad económica personal y nacional.
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