Gobierno estatal niega uso electoral de programas y prepara reforma para proteger beneficios sociales 

Redacción Ana Paola Pazaran 

El Gobierno de Tlaxcala rechazó que exista una estrategia electoral detrás del llamado de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para dar continuidad a su proyecto político rumbo a 2027 y aseguró que la permanencia planteada se refiere a mantener los programas sociales implementados durante su administración. 

Ante los señalamientos de una posible cargada electoral, la administración estatal informó que enviará al congreso local una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para elevar a rango de derecho constitucional los 108 programas sociales y asistenciales que actualmente opera el gobierno estatal. 

El anuncio fue realizado por Antonio Martínez Velázquez, coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tlaxcala, durante la conferencia denominada “Diálogos Circulares”. El funcionario explicó que la propuesta busca garantizar que los apoyos sociales continúen más allá de los cambios de administración y no dependan de decisiones políticas futuras. 

La iniciativa fue presentada un día después de que la gobernadora Lorena Cuéllar hablara sobre la importancia de dar continuidad a su proyecto rumbo al proceso electoral de 2027. En un audio la mandataria hizo referencia a la búsqueda de un perfil que mantenga los principios de su administración y mencionó características como compromiso, respeto y cercanía con la población. 

Tras sus declaraciones, surgieron cuestionamientos sobre si el mensaje podría estar relacionado con una promoción anticipada de algún aspirante a la gubernatura. Sin embargo, Martínez Velázquez negó que la intención del gobierno estatal sea favorecer a una persona o intervenir en el proceso electoral. 

El funcionario aseguró que la palabra “continuidad” utilizada por la gobernadora está relacionada con la permanencia de los programas sociales y con las acciones emprendidas durante su administración. Señaló que la reforma constitucional busca proteger los apoyos destinados a sectores vulnerables en áreas como salud, educación, bienestar y desarrollo social. 

La propuesta de blindaje constitucional de los programas sociales será enviada al congreso local para su análisis y eventual aprobación. Con esta medida, el gobierno estatal busca establecer que los apoyos sociales tengan continuidad como derechos reconocidos dentro del marco legal de Tlaxcala, mientras mantiene su postura de rechazo a cualquier señalamiento sobre un supuesto uso electoral de dichos beneficios. 

El debate ocurre en un contexto de preparación rumbo a las elecciones de 2027, donde la sucesión gubernamental comienza a generar atención política en la entidad. Mientras algunos sectores cuestionan las expresiones relacionadas con la continuidad del proyecto de Cuéllar Cisneros, el gobierno estatal sostiene que su prioridad es asegurar la permanencia de los programas sociales para la población. 

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