Redacción Daniel Lee
México tiene una deuda que no puede seguir pagando con discursos. Frente al nuevo escenario migratorio en Estados Unidos, la protección de los mexicanos ya no puede reducirse a consulados, llamadas de emergencia, gestiones diplomáticas o declaraciones de preocupación. El tamaño de la comunidad mexicana y la magnitud de las medidas que enfrenta obligan al Estado mexicano a dar un salto cualitativo: defender a sus connacionales con toda la fuerza institucional, jurídica y política de la que dispone.
No estamos hablando de una comunidad pequeña ni marginal. Más de 37 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos y alrededor de 4.3 millones de mexicanos carecen de documentos. Es una población que sostiene familias a ambos lados de la frontera, participa de manera decisiva en la economía estadounidense y mexicana y mantiene vínculos sociales, culturales y económicos que hacen de la migración una realidad profundamente binacional.
Por eso resulta insuficiente reconocer que existe una crisis. El Estado mexicano debe demostrar que tiene capacidad para responder a ella.
La conferencia virtual “La Protección de las Personas Mexicanas en EUA ante el nuevo contexto migratorio”, organizada por la Cámara de Diputados, puso sobre la mesa una discusión que durante demasiado tiempo se ha tratado como asunto exclusivamente consular. Y no lo es. Cuando aumentan las detenciones, se endurecen los procedimientos migratorios, se multiplican las deportaciones, se producen traslados entre centros de detención y existen incluso fallecimientos bajo custodia, estamos frente a un problema de derechos humanos, seguridad jurídica y responsabilidad institucional.
Los datos expuestos durante el encuentro son suficientemente contundentes. Estados Unidos concentra una de las mayores poblaciones migrantes del mundo, con alrededor de 52.4 millones de personas. Cerca de 11 millones de residentes nacieron en México y nuestro país continúa siendo el principal origen de la población inmigrante en territorio estadounidense.
Pero detrás de cada cifra hay una historia concreta: una familia separada, un trabajador detenido, un padre que deja de enviar dinero, una madre que no sabe dónde está su hijo, una persona deportada a un país que quizá ya no reconoce como suyo o una familia que enfrenta la incertidumbre ante la posible pérdida de su principal sostén económico.
Y el problema no termina en la frontera.
La referencia a más de 175 mil visas revocadas por distintas causas muestra que el endurecimiento de las políticas migratorias puede afectar incluso a personas que, hasta hace poco, consideraban tener una situación relativamente estable. La incertidumbre jurídica se convierte así en una amenaza cotidiana para millones.
México debe avanzar de la asistencia consular al litigio estratégico en tribunales estadounidenses.
Ahí está uno de los principales pendientes.
La protección consular es indispensable, pero tiene límites. Ayuda, orienta, acompaña y gestiona. Sin embargo, frente a políticas que pueden vulnerar derechos, México necesita también construir casos jurídicos, promover precedentes, respaldar a organizaciones y abogados, documentar abusos y utilizar las herramientas legales disponibles en Estados Unidos.
No basta con denunciar después de que ocurre una injusticia. Hay que generar mecanismos para prevenirla, combatirla y, cuando sea necesario, llevarla ante los tribunales.
La Cámara de Diputados también tiene una responsabilidad que no debería reducirse a organizar conferencias. Si existen vacíos en el marco jurídico mexicano para proteger a los connacionales en el exterior, deben identificarse y corregirse. Si las instituciones responsables no cuentan con recursos suficientes, debe discutirse. Si existen casos de detenciones arbitrarias, deportaciones cuestionables o fallecimientos bajo custodia, deben exigirse explicaciones.
Los puntos de acuerdo y los pronunciamientos parlamentarios pueden ser útiles, pero no pueden convertirse en sustitutos de una política de Estado.
México necesita una agenda integral de protección migrante, con presupuesto, coordinación institucional, capacidad jurídica, información oportuna y mecanismos de reacción rápida. Una política que no espere a que el migrante llegue esposado al centro de detención para comenzar a defenderlo.
También es indispensable fortalecer el diálogo interparlamentario con Estados Unidos. Los legisladores mexicanos deben construir alianzas con sus pares estadounidenses, particularmente en los estados donde existe una fuerte presencia de población mexicana. La relación bilateral no puede limitarse a los gobiernos federales. Los congresos estatales, las ciudades, las organizaciones comunitarias y las instituciones locales también tienen capacidad de incidencia.
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