Redactor: Sam Torne
El 20 de noviembre de 2024, la Cámara de Diputados de México aprobó en lo general la desaparición de siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Esta decisión ha generado un intenso debate entre legisladores oficialistas y de oposición, quienes difieren en cuanto a las implicaciones de esta reforma constitucional.
La propuesta de eliminar estos órganos autónomos fue presentada inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando la necesidad de simplificar la estructura gubernamental y reducir gastos. La iniciativa plantea transferir las funciones de estos organismos a diversas secretarías federales, eliminando su autonomía de gestión. Por ejemplo, las atribuciones del INAI serían asumidas por la Secretaría de la Función Pública, mientras que las del IFT pasarían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Argumentos a favor de la reforma
Los legisladores de Morena y sus aliados sostienen que la desaparición de estos órganos autónomos permitirá un ahorro significativo en el presupuesto federal. Según la diputada Olga Sánchez Cordero, la reforma busca regresar al diseño institucional de hace 30 años, similar al de países como Estados Unidos y Canadá, donde las instancias reguladoras tienen autonomía técnica y de gestión, pero no son órganos constitucionales autónomos. Además, afirman que la medida contribuirá a una mayor eficiencia en la administración pública al eliminar duplicidades y reducir la burocracia.
Críticas y preocupaciones de la oposición
Por otro lado, los diputados de oposición advierten que la eliminación de estos organismos afectará la transparencia y la evaluación de las políticas públicas del gobierno federal. La diputada Nadia Navarro del PRI señaló que la desaparición de los órganos autónomos representa un retroceso de décadas en términos de consolidación institucional y que el supuesto ahorro es mínimo, ya que estos organismos representan apenas el 0.55% del gasto aprobado en el presupuesto federal. Asimismo, la coordinadora del PAN, Noemí Luna, calificó de «ridículos» a los diputados oficialistas por argumentar un ahorro insignificante mientras se destinan mayores recursos a obras como el Tren Maya.
Próximos pasos y posibles modificaciones
El debate sobre la reforma continuará en los próximos días, y se prevé que se realicen distintos cambios al dictamen antes de enviarlo al Senado para su discusión y eventual aprobación. Es importante destacar que, al tratarse de una reforma constitucional, se requiere una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, así como la aprobación de al menos 17 legislaturas estatales para su entrada en vigor.
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