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La sombra de la impunidad

La sombra de la impunidad

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo para investigar a exfuncionarios de la administración de Alfa González, exalcaldesa de Tlalpan, por su posible participación en una red de extorsión y corrupción que afectó a comerciantes locales. La propuesta fue presentada por la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, Coordinadora de la bancada de Morena, quien condenó los actos ilícitos de los exservidores públicos. 

Bravo Espinosa enfatizó la gravedad de los delitos de corrupción y extorsión, señalando que estos afectan directamente a la justicia y perpetúan la desigualdad social. La diputada también destacó que cuando los servidores públicos caen en estos vicios, traicionan su misión de trabajar para el pueblo y no para su beneficio personal. 

El Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso pide que la Contraloría General de la Ciudad de México y la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos investiguen a aquellos responsables de la extorsión que afectó a comerciantes de Tlalpan entre 2021 y 2024, durante la gestión de Alfa González. La alcaldesa actual de Tlalpan, Gabriela Osorio, ya había denunciado públicamente la existencia de esta red de corrupción el 22 de noviembre. 

Según la denuncia, los exfuncionarios de la administración de González exigían pagos ilegales a los comerciantes, bajo la amenaza de clausurar sus negocios. En algunos casos, los comerciantes pagaron hasta 100 mil pesos para evitar que los sellos de clausura fueran colocados en sus establecimientos. Además, los funcionarios requerían pagos mensuales para permitirles seguir operando. En total, 205 expedientes fueron utilizados para cometer estos actos de extorsión. 

Bravo Espinosa subrayó que es esencial que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley, incluso si ya no ocupan cargos públicos, ya que la legislación permite iniciar procedimientos legales en su contra. La diputada también hizo un llamado a la aprobación de la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para aumentar las sanciones contra el delito de extorsión en la Ciudad de México. 

La aprobación de este Punto de Acuerdo es un paso importante en la lucha contra la corrupción, y refuerza el compromiso de la legislatura para garantizar que los actos ilícitos no queden impunes. 

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