Redacción: Daniel Lee La nueva ofensiva migratoria de Donald Trump ya no se limita a los muros, las redadas o las deportaciones. Ahora apunta directamente al bolsillo de millones de personas. La reciente orden ejecutiva emitida por el presidente estadounidense para restringir el acceso de migrantes indocumentados al sistema financiero representa un nuevo escalón en una estrategia de presión que busca hacer cada vez más difícil la vida cotidiana de quienes viven y trabajan sin documentos en Estados Unidos. La medida contempla acciones para limitar el acceso a diversos servicios financieros y fortalecer los mecanismos de verificación migratoria dentro del sistema bancario. Aunque el discurso oficial insiste en que se trata de combatir actividades ilícitas y reforzar la seguridad nacional, el mensaje político es evidente: convertir la condición migratoria en una barrera adicional para acceder a herramientas básicas de inclusión económica. El problema es que la realidad de la migración dista mucho de los argumentos simplistas que suelen utilizarse desde la Casa Blanca. Millones de trabajadores indocumentados participan activamente en sectores fundamentales de la economía estadounidense. Pagan impuestos, consumen bienes y servicios, sostienen industrias enteras y contribuyen al crecimiento económico de comunidades que dependen de su fuerza laboral. Sin embargo, al mismo tiempo son colocados bajo sospecha permanente y presentados como una amenaza para justificar nuevas restricciones. Limitar el acceso al sistema financiero no elimina la migración irregular ni resuelve los desafíos estructurales de la política migratoria estadounidense. Por el contrario, puede empujar a miles de personas hacia mecanismos informales de manejo de dinero, incrementar los riesgos de…
