Redacción Daniel Lee Migrar, para millones de mujeres, no es una elección libre ni un trayecto neutro. Es una huida, una apuesta por la supervivencia que comienza mucho antes de cruzar una frontera y continúa a lo largo de un camino sembrado de violencia, desigualdad y exclusión. Cada paso implica un riesgo. Cada frontera, visible o invisible, es un recordatorio de que sus cuerpos se mueven en territorios donde la protección es excepción y la amenaza, regla. En América Latina, y particularmente en México —país de origen, tránsito, destino y retorno— la experiencia migratoria femenina se ha convertido en una crisis estructural de derechos humanos que persiste en silencio. Las mujeres migrantes se enfrentan a una triple condición de vulnerabilidad: su género, su estatus migratorio y la precariedad económica que las empuja a desplazarse. Esta combinación no es fortuita; responde a estructuras históricas que profundizan la desigual dad y amplifican la exposición a distintas formas de violencia. Durante el trayecto, muchas enfrentan agresiones sexuales, trata de personas, explotación laboral, detenciones arbitrarias y discriminación institucional, además de obstáculos severos para acceder a servicios básicos como salud, justicia y protección social. Los datos de organismos internacionales confirman que un número alarmante de mujeres en movilidad ha sufrido violencia sexual en algún punto de su recorrido. No se trata solo de cifras: es un problema político y de responsabilidad estatal. Desde el ámbito normativo, los derechos de las mujeres migrantes están ampliamente reconocidos. Instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus…
