Redacción: Amdrea García
La SCJN volvió a invalidar una ley de comunicación social en Veracruz, al detectar inconsistencias relacionadas con las facultades del Congreso estatal. La resolución reabre el debate sobre la regulación de la propaganda gubernamental y los límites legales de las autoridades locales. Esta decisión representa un nuevo revés legislativo para la entidad y marca otro capítulo en la revisión constitucional de sus normas.
Durante la sesión, el máximo tribunal resolvió invalidar en su totalidad la Ley Número 841 de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promulgada en marzo de 2021. La decisión fue respaldada por ocho ministros, mientras que uno votó en contra. El análisis se realizó a partir de una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que cuestionó la validez de las disposiciones aprobadas por el Congreso veracruzano.
La propuesta de resolución estuvo a cargo del ministro Irving Espinosa Betanzos, quien expuso que el Poder Legislativo de Veracruz rebasó los límites de sus facultades al establecer reglas relacionadas con la propaganda de las instituciones públicas y las sanciones derivadas de su incumplimiento.
La Constitución reserva al Congreso de la Unión la facultad de establecer las bases normativas en materia de comunicación social gubernamental. Por esta razón, el Congreso estatal no podía regular esos aspectos de manera independiente. Este nuevo fallo tiene como antecedente una resolución emitida por la propia SCJN en enero de 2021, cuando el tribunal dejó sin efectos una ley anterior sobre comunicación social en la entidad, identificada con el número 248.
En ese caso, la decisión estuvo relacionada con deficiencias en el procedimiento legislativo, particularmente por la dispensa de trámites y la ausencia de una justificación adecuada para aprobar la norma mediante un proceso urgente. Posteriormente, los legisladores locales expidieron una nueva disposición, que ahora también fue invalidada por motivos vinculados con la distribución constitucional de competencias.
Durante la revisión del asunto también se examinó el posible impacto de la sentencia en otras normas del marco jurídico veracruzano. Entre los aspectos planteados estuvo la posibilidad de extender los efectos de la invalidez al segundo párrafo del artículo 79 de la Constitución estatal, relacionado con la propaganda gubernamental.
No obstante, el alcance de la resolución respecto de reglamentos, lineamientos y otras disposiciones vinculadas con la ley impugnada tuvo un tratamiento diferenciado, por lo que no todas esas normas quedaron automáticamente anuladas por el fallo. La intervención de la CNDH permitió que la legislación fuera sometida nuevamente al control constitucional, mediante el recurso presentado contra la norma publicada en 2021.
El caso pone de relieve la necesidad de que las leyes estatales se ajusten a las facultades establecidas en la Constitución y respeten las atribuciones de las instituciones federales. Asimismo, vuelve a abrir el debate sobre los mecanismos que deben regular la contratación de publicidad oficial, la difusión de mensajes institucionales y la imposición de sanciones cuando se incumplen las disposiciones correspondientes.
Con esta decisión, la Suprema Corte vuelve a frenar una legislación veracruzana en materia de comunicación social, después de que una norma anterior también fuera declarada inválida. La resolución refuerza la discusión sobre los límites jurídicos de los congresos estatales y la importancia de elaborar disposiciones compatibles con el marco constitucional.
Además, el tema mantiene relevancia pública debido a su relación con la transparencia en el ejercicio de los recursos destinados a publicidad gubernamental, la rendición de cuentas de las autoridades y las reglas que deben orientar la comunicación entre las instituciones públicas y la ciudadanía.
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