Redacción Atziri Gómez
La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, generó una fuerte reacción en el ámbito político nacional debido a la relevancia histórica del exmandatario, quien en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en México tras décadas de dominio del Partido Revolucionario Institucional.
Ruffo Appel ocupa un lugar importante en la historia política mexicana por haber encabezado uno de los episodios más significativos de la transición democrática del país. Su llegada al gobierno de Baja California representó un cambio en el equilibrio político nacional y abrió el camino para otras entidades federativas durante los años siguientes.
Durante su administración estatal ocurrió en uno de los acontecimientos más impactantes de la historia reciente de México: el asesinato del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en marzo de 1994, en Tijuana donde aquel episodio marcó profundamente la vida política del país.
La captura del exgobernador se produce además en un momento de alta tensión política, en medio de diversas controversias relacionadas con figuras públicas de distintos estados. La coincidencia temporal entre estos acontecimientos ha generado interpretaciones encontradas entre representantes de la oposición y del oficialismo.
Diversos dirigentes del Partido Acción Nacional expresaron preocupación por el momento en el que se concretó el arresto. Jorge Romero, presidente nacional del partido, aseguró que la aplicación de la ley debe realizarse bajo criterios homogéneos y pidió que las autoridades investiguen todos los señalamientos existentes y sin distinción.
A las críticas también se sumó la dirigencia de Somos MX, organización política a la que Ruffo Appel se incorporó recientemente como integrante de su Consejo Consultivo. El movimiento, encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, calificó la detención como una medida desproporcionada y exigió que el proceso judicial sea con total transparencia.
Incluso voces provenientes de Morena reaccionaron al caso. El senador Javier Corral manifestó públicamente su sorpresa por la captura del exgobernador y subrayó la importancia de que la Fiscalía General de la República sustente la investigación con pruebas sólidas.
La carpeta de investigación abierta por la Fiscalía está relacionada con la empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel formó parte del consejo de administración desde 2021. Según las autoridades, las indagatorias se remontan a la constitución de la compañía en 2018 y se enfocan en presuntas irregularidades vinculadas con la importación de combustibles.
De acuerdo con la cronología presentada por la fiscalía, las operaciones bajo investigación alcanzaron su mayor actividad entre 2023 y 2024, periodo en el que la empresa obtuvo permisos para importar millones de litros de hidrocarburos. Posteriormente, la firma habría recurrido a recursos legales tras diversas suspensiones emitidas por el gobierno federal.
Las autoridades sostienen que entre enero y julio de 2025 se detectaron miles de operaciones irregulares en aduanas ubicadas en Tamaulipas, donde presuntamente se utilizaban carrotanques ferroviarios para introducir combustibles con declaraciones distintas a la carga real, estas acciones derivaron en importantes aseguramientos de hidrocarburos.
La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, señaló que las investigaciones forman parte de un operativo contra una presunta red dedicada al denominado “huachicol fiscal”, esquema mediante el cual se habrían utilizado documentos aduaneros falsos para evitar el pago de impuestos.
Mientras continúa el proceso judicial, Ernesto Ruffo fue trasladado desde Baja California hacia la Ciudad de México para enfrentar las diligencias correspondientes. En distintos medios nacionales trascendió que el jurista y exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez, se encontraba preparado para participar en la defensa legal del exmandatario.
El desarrollo del caso mantiene la atención de actores políticos, analistas y ciudadanos, quienes siguen de cerca las investigaciones y las repercusiones que podrían surgir en el panorama nacional durante los próximos meses ya que, según estimaciones oficiales, el daño económico podría superar hasta los cuatro mil millones de pesos.
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