Redacción Daniel Lee
La organización binacional Fuerza Migrante lanzó una advertencia frontal al Poder Legislativo mexicano: las iniciativas relacionadas con nulidad electoral e intervención extranjera podrían convertirse en un mecanismo para limitar, vigilar o criminalizar la participación política de millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.
La agrupación encendió las alertas ante lo que considera una peligrosa ambigüedad en la definición de “intervención extranjera”, concepto que —advirtió— podría utilizarse discrecionalmente contra organizaciones migrantes, redes comunitarias, activistas, observadores electorales y ciudadanos mexicanos radicados fuera del país.
El señalamiento no es menor. En medio del endurecimiento del discurso político sobre soberanía nacional, #FuerzaMigrante denunció el riesgo de que algunos sectores intenten utilizar el tema de la defensa electoral como pretexto para colocar bajo sospecha a la propia diáspora mexicana.
Y ahí aparece una de las contradicciones más profundas del debate nacional. Por décadas, el Estado mexicano ha celebrado a los migrantes cuando conviene presumir remesas millonarias o discursos patrióticos sobre el “orgullo paisano”. Pero cuando esos mismos mexicanos se organizan, opinan políticamente o buscan tener incidencia pública, inmediatamente comienzan las acusaciones veladas sobre supuestas influencias externas.
La hipocresía política resulta evidente. Porque nadie cuestiona el dinero que los migrantes envían para sostener millones de hogares mexicanos, pero sí incomoda que esas comunidades comiencen a construir representación, liderazgo y capacidad de presión política binacional.
La postura de Fuerza Migrante coincide además con preocupaciones expresadas históricamente por organizaciones como la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Exterior, el Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM) y diversos colectivos migrantes que durante años han denunciado obstáculos institucionales para garantizar una participación política plena de los connacionales fuera del país.
Pero dejeme comentarle, la discusión, en realidad, va mucho más allá de un simple debate legislativo.nEl verdadero peligro aparece cuando conceptos jurídicos vagos permiten abrir la puerta a persecuciones selectivas contra voces incómodas. Hoy podrían ser organizaciones migrantes; mañana periodistas, universidades, activistas o asociaciones civiles.
Así comienzan muchas regresiones democráticas: bajo discursos patrióticos aparentemente legítimos.
Fuerza Migrante fue clara al establecer una diferencia fundamental. Una cosa es combatir campañas ilegales financiadas desde gobiernos extranjeros o mecanismos reales de manipulación electoral; otra muy distinta es intentar equiparar esas prácticas con la participación ciudadana de mexicanos que viven en el extranjero y que continúan siendo ciudadanos plenos de este país.
Debemos tener claro: La nación mexicana no termina en la frontera norte.
Millones de connacionales enfrentan diariamente discriminación, persecución migratoria, explotación laboral y separación familiar en Estados Unidos, mientras continúan sosteniendo económicamente regiones enteras de México mediante remesas. Pretender ahora vigilarlos políticamente o convertirlos en sospechosos permanentes representaría una profunda traición institucional.
Defender la soberanía nacional jamás debe significar restringir derechos políticos de los propios mexicanos que el país expulsó por falta de oportunidades.
Los migrantes no son agentes extranjeros. También son México.
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