Redacción Daniel Lee
Descripción SEO: La migración laboral bajo el programa H-2A enfrenta desafíos que van más allá del trabajo en el campo. Organizaciones civiles advierten sobre abusos en el reclutamiento, cobros ilegales y la necesidad de garantizar procesos de contratación dignos, transparentes y libres de explotación para miles de jornaleros mexicanos.
Antes de que una fresa llegue al supermercado, de que una naranja sea exprimida o de que una lechuga aparezca impecable en la mesa familiar, existe una historia que rara vez ocupa titulares: la de cientos de miles de jornaleros agrícolas que abandonan sus comunidades para sostener una de las industrias más rentables del continente. Sin embargo, el verdadero drama no comienza en los campos de cultivo, sino mucho antes, en los pueblos y ciudades donde miles de trabajadores son reclutados bajo condiciones que, en demasiados casos, vulneran sus derechos desde el primer momento.
Cada año, más de 318 mil personas llegan a Estados Unidos mediante el programa de visas H-2A, una cifra que no ha dejado de crecer en el último lustro. En 2020 fueron poco más de 213 mil; para 2025, la cifra superó los 318 mil permisos otorgados. México concentra la inmensa mayoría de estos trabajadores, con más de 286 mil visas emitidas durante el último año fiscal. Detrás de estos números hay una realidad incómoda: el éxito del modelo agrícola norteamericano descansa sobre una fuerza laboral migrante que continúa enfrentando enormes desigualdades.
La discusión pública suele detenerse en las condiciones de trabajo dentro de los campos agrícolas: las largas jornadas, los salarios insuficientes, la exposición a temperaturas extremas o la precariedad de la vivienda temporal. Pero pocas veces se observa el origen del problema: el proceso de contratación. Allí, en las comunidades rurales del sur de México, Guatemala, Honduras o Nicaragua, comienza una cadena de abusos que va desde el cobro ilegal de cuotas y el endeudamiento hasta el transporte inseguro y la desinformación sistemática.
La comparación que plantea Verónica Rodríguez, integrante de la Fundación Avina, es tan simple como contundente: cuando un alto ejecutivo es convocado para trabajar en otro país, las empresas suelen cubrir gastos de traslado, hospedaje y alimentación. Se entiende que el proceso de contratación forma parte de la inversión empresarial. Sin embargo, cuando se trata de trabajadores agrícolas, el criterio cambia radicalmente: muchos deben pagar de su propio bolsillo el transporte, asumir riesgos y, en no pocas ocasiones, entregar dinero a intermediarios para acceder a un empleo.
La desigualdad no está únicamente en los salarios o en las condiciones laborales; está instalada en la manera en que se concibe el valor de unas personas frente a otras. Se normaliza que quien cosecha los alimentos que alimentan a millones cargue también con el costo de incorporarse al mercado laboral. Es una forma silenciosa de discriminación económica y social que ha permanecido invisible durante décadas.
Frente a esta realidad, iniciativas como el proyecto Periplo, impulsado por la Fundación Avina, cobran una relevancia estratégica. Su objetivo de construir un sistema de migración laboral más equitativo en el corredor Guatemala-México-Estados Unidos no responde únicamente a un imperativo moral; constituye una necesidad económica y política para toda la región.
Los organismos internacionales han sido claros. Tanto la Organización Internacional del Trabajo como la Organización Internacional para las Migraciones promueven principios de contratación equitativa que buscan garantizar que ningún trabajador pague por conseguir empleo, que exista transparencia en la información y que se prevengan fenómenos tan graves como el trabajo forzoso o el trabajo infantil.
Desde hace años, organizaciones de #MigrantesMexicanos establecidas en Estados Unidos han advertido que la discusión sobre el trabajo agrícola temporal no puede reducirse a estadísticas ni a la emisión de visas. Colectivos binacionales y agrupaciones de defensa de derechos humanos han insistido en que el #ProgramaH-2A, aunque representa una vía legal de empleo, continúa operando bajo profundas asimetrías de poder que dejan a los trabajadores expuestos a abusos, endeudamiento y dependencia de intermediarios.
Agrupaciones como #FuerzaMigrante, así como diversas redes de apoyo a jornaleros en California, Florida y Texas, han señalado que la protección de los trabajadores debe comenzar mucho antes de cruzar la frontera. Para estas organizaciones, garantizar procesos de reclutamiento ético significa asegurar información clara en las comunidades de origen, erradicar el cobro ilegal de cuotas, establecer mecanismos de denuncia accesibles y fortalecer el acompañamiento consular durante todo el ciclo migratorio.
El movimiento migrante sostiene, además, que los jornaleros agrícolas no pueden seguir siendo vistos únicamente como mano de obra temporal, sino como personas que contribuyen de manera decisiva a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico de América del Norte. Su trabajo sostiene cadenas productivas multimillonarias y abastece los mercados estadounidenses, mientras que las remesas enviadas a México fortalecen las economías locales y permiten la subsistencia de miles de familias rurales.
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