Redacción Daniel Lee
Los migrantes mexicanos sostienen dos economías, pero siguen sin tener garantizada la protección de ninguna. Ante ello, la diáspora organizada lanza un llamado que trasciende la coyuntura. De cara al 2027, la comunidad binacional exige dejar de ser vista únicamente como fuente de mano de obra o de remesas. Reclama una representación legislativa proporcional, mecanismos de votación realmente accesibles desde el extranjero y espacios efectivos de participación en las decisiones públicas de ambos lados de la frontera.
El posicionamiento del Consejo Binacional de #FuerzaMigrante ha sido enfático: la Diputación Migrante debe preservar su esencia como un mecanismo auténtico de representación política de las comunidades mexicanas residentes en el exterior.
Esta exigencia se da en el marco de la discusión abierta que se da en el Congreso de la Ciudad de México sobre la figura de la Diputación Migrante y que vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿quién tiene derecho a hablar en nombre de quienes viven más allá de nuestras fronteras?
Lo que hoy está en juego rebasa el debate migratorio. Se trata de la congruencia que esta espiral involucra a los dos gobiernos que, por distintas razones, han encontrado beneficios en el trabajo de millones de mexicanos, pero han sido incapaces de ofrecerles una protección acorde con su aportación económica y social.
Ahora bien, mientras Washington endurece redadas y convierte la migración en bandera electoral, México presume ingresos históricos por remesas sin construir una estrategia sólida de protección para quienes las generan. El mensaje de la diáspora es contundente: ya no basta con reconocer la aportación económica del migrante; es momento de garantizar derechos, representación política y mecanismos efectivos de defensa.
No se trata únicamente de una contradicción política; se trata de una doble moral institucional que beneficia a ambos gobiernos. Estados Unidos necesita la fuerza laboral migrante para mantener competitivos sectores enteros de su economía, pero simultáneamente alimenta un discurso que la presenta como una amenaza. México, por su parte, encuentra en las remesas uno de los principales pilares de su estabilidad económica, mientras reduce la discusión sobre la comunidad migrante a discursos de reconocimiento que pocas veces se traducen en acciones de protección y representación efectiva.
La advertencia es clara: la comunidad migrante no puede seguir siendo únicamente un motor económico o una estadística conveniente.
Estados Unidos tiene derecho soberano a definir y aplicar su política migratoria. Lo que resulta profundamente cuestionable es convertir a millones de trabajadores en instrumento de rentabilidad electoral.
Las organizaciones migrantes denuncian esta doble moral con claridad. Es inadmisible que mientras el discurso oficial criminaliza al trabajador indocumentado, las empresas de sectores estratégicos sigan absorbiendo diariamente esa mano de obra para cubrir una escasez estructural de personal. La persecución convive con la dependencia económica. El rechazo político coexiste con la necesidad productiva. Esa contradicción termina exhibiendo que el problema no radica en el trabajo migrante, sino en la utilización política de la migración.
Del lado mexicano no debe haber espacio para la autocomplacencia. Detrás de cada dólar enviado existe una historia de separación familiar, jornadas laborales extenuantes, incertidumbre jurídica y sacrificio personal. Convertir esos recursos en motivo de orgullo nacional mientras la protección consular, la asistencia legal y la defensa diplomática continúan siendo insuficientes representa otra forma de abandono institucional.
Las organizaciones exigen un cambio de fondo. La protección jurídica de los connacionales debe convertirse en una prioridad permanente del Estado mexicano, fortaleciendo la red consular, ampliando la asistencia legal y respondiendo con mayor firmeza frente a políticas que vulneren los derechos de la comunidad migrante. El reconocimiento económico ya no basta; hace falta una política exterior que coloque a las personas en el centro de la relación bilateral.
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