Redacción Daniel Lee
Donald Trump comienza a descubrir que la persecución migratoria también tiene un costo electoral. Después de convertir las deportaciones masivas en una de sus principales banderas políticas, ahora reconoce que su estrategia pudo haber sido demasiado agresiva y que terminó perjudicando a los republicanos en las elecciones intermedias de noviembre. Su respuesta: abrir nuevamente la puerta a una posible regularización para millones de inmigrantes indocumentados. Pero entre lo que dice, lo que promete y lo que realmente está dispuesto a hacer existe una distancia que millones de mexicanos conocen demasiado bien.
En una entrevista con el programa 60 Minutes, Trump admitió que su política migratoria fue demasiado dura y planteó una posibilidad que hasta hace poco parecía incompatible con su discurso: expulsar a quienes representan un peligro, pero buscar acuerdos para quienes llevan 10 o 15 años viviendo y trabajando en Estados Unidos. Es decir, reconocer que no todos los inmigrantes pueden ser tratados como una amenaza.
La declaración tiene una enorme importancia para los mexicanos que durante años han construido su vida en territorio estadounidense. Hablamos de trabajadores, padres de familia, jóvenes que llegaron siendo niños, personas que pagan impuestos, sostienen industrias, consumen, emprenden y mantienen comunidades enteras. Millones de ellos tienen raíces, empleos y familias en Estados Unidos, pero siguen viviendo bajo la amenaza de una deportación.
Sin embargo, la aparente apertura presidencial duró poco en términos de certidumbre. El propio Trump salió a negar que estuviera proponiendo una amnistía, mientras su secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, insistió en que la política de aplicación de la ley no cambiará. Al mismo tiempo, dejó entrever que podría discutirse una reforma migratoria en el Congreso, particularmente para atender el caso de los jóvenes protegidos por DACA.
La contradicción es evidente: se habla de encontrar soluciones, pero se mantiene intacta la maquinaria de persecución.
Y hay otro elemento que no puede ignorarse: la reacción de los propios republicanos. Sectores conservadores, legisladores y aliados del movimiento MAGA rechazaron inmediatamente cualquier posibilidad de regularización. Para ellos, incluso explorar una salida legal para millones de personas representa una traición a sus principios políticos.
Aquí aparece el verdadero problema de Trump: su discurso migratorio ya no solamente tiene que responder a las necesidades económicas y sociales de Estados Unidos, sino también a las exigencias de una base electoral que exige mano dura, incluso cuando esa estrategia comienza a pasarle factura en las urnas.
La derrota republicana en las elecciones intermedias encendió las alarmas. El presidente parece entender que la persecución indiscriminada tiene consecuencias políticas, que las redadas generan temor en comunidades enteras y que las deportaciones también afectan a empresas, trabajadores y sectores productivos que dependen de la mano de obra migrante.
Pero reconocer el problema no significa estar dispuesto a resolverlo.
Trump ha coqueteado en diferentes momentos con alternativas para los llamados dreamers y con permisos temporales para trabajadores migrantes. Sin embargo, esas aproximaciones no se han traducido en una solución permanente. Por eso, sería un error interpretar sus declaraciones recientes como el inicio de una reforma migratoria de gran alcance.
Los mexicanos en Estados Unidos no necesitan declaraciones contradictorias ni promesas que dependan del humor político de la Casa Blanca. Necesitan certidumbre jurídica, protección de sus derechos y una ruta realista para regularizar su situación.
Estados Unidos no puede seguir beneficiándose del trabajo de millones de migrantes mientras los mantiene en una condición de vulnerabilidad permanente. Tampoco puede ignorar que buena parte de su economía, desde el campo y la construcción hasta los servicios y la industria, depende de quienes hoy viven bajo la amenaza de ser expulsados.
El momento exige algo más que discursos. Exige que el gobierno estadounidense defina si los migrantes son parte de la sociedad que contribuye a su desarrollo o solamente un recurso laboral al que puede recurrir mientras le resulta conveniente.
Y México tampoco puede permanecer como espectador. La protección consular, la defensa jurídica y la interlocución política deben acompañarse de una estrategia firme frente a Washington.
Porque si Trump realmente está dispuesto a explorar una salida para millones de indocumentados, tendrá que demostrarlo con decisiones, no con declaraciones. Y si solamente está intentando recuperar votos después de una derrota electoral, los migrantes no pueden convertirse otra vez en protagonistas de una promesa que termina archivada.
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