Cámara de Diputados recibe iniciativa para frenar delitos hídricos y regular el agua 

Redacción: Andrea Zamora 

La Cámara de Diputados, en San Lázaro, ha recibido una propuesta que podría transformar la política hídrica en México: la iniciativa presidencial para expedir una Ley General de Aguas, junto con reformas sustanciales a la Ley de Aguas Nacionales, con el doble propósito de regular el uso del agua y sancionar delitos relacionados con su manejo indebido.  

De acuerdo con el texto enviado por el Ejecutivo Federal, la nueva normativa busca restituir al Estado la rectoría sobre el agua como recurso nacional, eliminar prácticas de mercantilización del líquido y fortalecer mecanismos de vigilancia y sanción frente a actos ilícitos relacionados con el agua.  

Uno de los elementos más contundentes de este paquete normativo es la creación de un catálogo de delitos hídricos. En él se incluyen ilícitos como el tráfico de agua, la explotación, extracción o traslado ilegal, la alteración de cuerpos de agua y la corrupción en el otorgamiento de permisos o concesiones.  

Las penas previstas varían entre uno y 10 años de prisión, aunque algunos casos podrían alcanzar hasta 12 años, además de multas que superarían los 300,000 pesos.  

Otro cambio radical sugerido en la iniciativa es la supresión del régimen de transmisión entre particulares de concesiones o permisos de agua. Bajo la propuesta, ya no se permitirá vender o transferir títulos de agua, ni modificar su uso sin la autorización correspondiente. En casos donde concesiones no estén siendo utilizadas conforme a su objeto, esos volúmenes regresarían a Conagua para una nueva asignación.  

Para lograr una gestión más transparente, la iniciativa propone sustituir el actual Registro Público de Derechos de Agua por un Registro Nacional del Agua, con la finalidad de tener un control más claro sobre concesiones, asignaciones y usos.  

En materia ambiental, la propuesta incluye incentivos para prácticas de conservación, promover proyectos de captación pluvial, revisar concesiones de uso agrario bajo criterios de soberanía alimentaria, y reconocer sistemas comunitarios de agua.  

El gobierno también plantea la creación de un “fondo de reserva de aguas nacionales” mediante la extinción de permisos no usados, para evitar acaparamientos indebidos.  

Según la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el debate general y particular de las iniciativas está previsto para la cuarta semana de octubre.  

Contexto crítico: crisis hídrica y presiones sociales: 

La iniciativa llega en un momento de creciente urgencia. Desde 2021, México enfrenta una crisis hídrica que afecta regiones clave del país.  Diversos científicos y colectivos han demandado una nueva ley hídrica que reoriente la gestión del agua hacia el bien común, elimine la mercantilización y proteja ecosistemas.  

En pronunciamientos recientes, académicos exigieron límites claros a las concesiones que han favorecido el acaparamiento del recurso, así como mayor transparencia en los procesos administrativos del agua.  

El gobierno, por su parte, ha descrito esta iniciativa como un paso para “devolver el agua a la nación”, eliminar la venta de concesiones y reconocer que el agua es un derecho humano.  

Además, señalan que la norma debe armonizarse con las realidades locales, respetar derechos de comunidades indígenas y considerar la variabilidad climática. 

Impulsos y resistencias posibles: 

Es previsible que sectores afectados, como concesionarios, uso industrial y agricultura con grandes volúmenes concesionados, intenten frenar o suavizar la propuesta. La negociación legislativa podría modificar algunos tramos sobre sanciones, atribuciones de Conagua o plazos de transición. 

No obstante, la iniciativa cuenta con el respaldo del oficialismo y se vincula al Plan Nacional Hídrico, que pretende reorientar la política hidráulica hacia una administración más justa y sostenible.  

Será esencial observar cómo los diputados de la oposición, las fracciones parlamentarias y la sociedad organizada inciden en el debate. Las próximas semanas resultan decisivas para que esta iniciativa deje de ser un papel para convertirse en ley vigente y operativa. 

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