Redacción Regina Melo
La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, volvió a colocar el caso Ayotzinapa en el centro de la atención pública. La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 6 de agosto que cumplió una orden de aprehensión en su contra por su posible participación en el ocultamiento de pruebas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
Aguirre, de 70 años, gobernaba Guerrero cuando ocurrieron los hechos. Llegó al cargo en 2011 como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dejó la gubernatura en octubre de 2014 tras la presión social generada por el caso. Desde entonces había sido señalado en distintas investigaciones, aunque esta es la primera ocasión en que enfrenta una detención relacionada directamente con el expediente.
De acuerdo con la FGR, la investigación señala que durante su administración se ocultaron grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, donde quedó registrado el paso de uno de los autobuses en los que viajaban los estudiantes. La dependencia explicó que nuevos testimonios obtenidos en 2026 apuntan a que las imágenes existían y que fueron retiradas por órdenes de altos funcionarios del gobierno estatal.
Las autoridades indican que Aguirre enfrenta acusaciones por delitos relacionados con la administración de justicia y por desaparición forzada de personas. La orden de captura fue autorizada por un juez después de que la Fiscalía presentó nuevos elementos de investigación. Hasta el momento, la defensa del exmandatario no ha dado a conocer una postura pública sobre las acusaciones.
El caso Ayotzinapa comenzó la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes que viajaban desde la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero. Más de una década después, sus familias continúan exigiendo respuestas y el paradero de los jóvenes sigue sin conocerse, por lo que la investigación permanece abierta.
Desde que dejó la gubernatura en 2014, Ángel Aguirre había permanecido fuera de la vida política activa, aunque su nombre continuó relacionado con las investigaciones del caso Ayotzinapa. Con esta detención, las autoridades buscan determinar si existieron decisiones tomadas desde el gobierno estatal que influyeran en el manejo de las pruebas.
La detención del exgobernador representa uno de los movimientos más importantes en los últimos años dentro de este caso. Ahora se espera que un juez determine su situación legal mientras la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones para revisar si hay otros funcionarios involucrados. El proceso también podría abrir nuevas líneas de investigación y aportar información que permita avanzar en uno de los casos más relevantes de derechos humanos en México.
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